Políticos del Gobierno insular, los más importantes empresarios del tejido local y técnicos de la Administración componen el grupo de detenidos que ha dejado en Lanzarote el último desembarco de los agentes anticorrupción de la Guardia Civil. En total, 25 arrestos, incluido el del histórico líder del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, uno de los políticos que empezó a dar significado a la palabra corrupción en España y que ya cumplía condena en prisión.

La fase final de la operación Jable arrancó el 19 de abril y finalizó el pasado jueves, dividida en tres fases. Las pesquisas permiten dibujar una complicada madeja con todas las tipologías delictivas relacionadas con la corrupción y el blanqueo de capitales, que han hecho de Lanzarote una suerte de Monopoly para delincuentes de cuello blanco por cuyas casillas avanzan los investigadores.

Los más relevantes políticos y empresarios de la isla, ante el juez

La trama desbaratada el 23 de abril se había constituido para esconder los casi seis millones de euros que Martín debe al Estado por cuatro condenas dictadas contra él en 2004 y por las que aún cumple condena, según fuentes de la investigación. Sin embargo, su permanencia en prisión no impidió al político seguir dirigiendo la corrupción en la isla. "Desde una fría celda de la cárcel de Tahíche he sido el impulsor del Plan de Barrios", ha escrito sin pudor, en referencia a una obra pública de nueve millones.

Un amigo íntimo de Martín, Francisco Rodríguez Batllori, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y valor destacado de Coalición Canaria, es uno de los detenidos, bajo la acusación de malversación y falsificación de documentación mercantil. Los investigadores creen que puso sus empresas a disposición de Martín en el proceso de ocultación del dinero, al que hay que sumar 48 propiedades dentro y fuera de la isla.

En la misma fase fue detenida Susana Martín, hija de Dimas y también colocada en la Administración. Junto a ellos, otros ocho arrestados por blanqueo de capitales e insolvencia punible, como se denomina el delito de traspaso de la titularidad de propiedades para declararse insolvente ante la Administración. También hay un arrestado que no reside en Lanzarote, el empresario andaluz dueño del Grupo Hoteles Playa, José María Rosell, vinculado a Martín desde hace décadas y marido de la senadora del PP por Almería María del Mar Agüero. El empresario más relevante de la isla, José Francisco Rosa, también ha sido detenido e imputado por cohecho.

Cada "visita" de la UCO a Lanzarote acaba en decenas de detenciones

El regreso de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto patas arriba Lanzarote un año después de la operación Unión, origen de la actual investigación. Al frente de ambas, el juez César Rodríguez Pamparacuatro, de 34 años, que a las dos semanas de aterrizar en la isla se hizo cargo de la denuncia que acabaría golpeando al corazón del PIL. Todo había comenzado en mayo de 2008, cuando Carlos Espino, consejero socialista, denunció el intento de soborno por parte de un empresario. Un año después, Pamparacuatro acusaba a 32 personas por un total de 79 delitos. La documentación incautada y las declaraciones de los detenidos hicieron arrancar una nueva fase que iba a investigar una veintena de subtramas, entre ellas las desbaratadas ahora.

Los ocho primeros arrestados en la operación Jable están vinculados a la adjudicación de la gestión de los residuos de la isla a una multinacional, Urbaser, que obtiene todos los años seis millones de las arcas públicas. Por su implicación en esta otra trama, el juez ha enviado a prisión a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, acusada de cohecho y prevaricación. Cuando ostentaba el cargo, Déniz militaba en el PIL, ahora lo hace en Coalición Canaria. La misma suerte ha corrido el presunto muñidor del entramado, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, Rafael Arrocha, así como el gerente de Urbaser en la isla, Jacinto Álvarez. Completa la nómina de encarcelados, el concejal del PIL en Arrecife Antonio Machín, este por su vinculación al Plan de Barrios sobre el que escribió Dimas Martín desde la cárcel.

Pero quien ostentaba el cargo más importante entre los arrestados es María José Docal, consejera de Presidencia del Cabildo, acusada de cohecho en una tercera pata de la operación, dirigida contra una red de cobro de comisiones ilegales en grandes obras. Durante dos semanas, los agentes de la UCO han ido sacando de los registros, mientras eran jaleados por los vecinos, decenas de cajas repletas de documentos que se han llevado a Madrid. Su estudio promete continuidad a la operación Jable, bautizada así por la tierra volcánica que sirve de abono a las vides conejeras.