'Venimos con la intención de trazar pautas para el diálogo porque una reforma así tiene que consensuarse. Los centros públicos son inversión, no gasto'. Así se ha expresado hoy Patricia Santos, portavoz de la plataforma Ni un cole menos -que engloba a siete de los doce centros públicos que la Consejería de Educación de Madrid pretende cerrar en la comunidad-, antes de entrar a la reunión que se celebra esta tarde entre la titular de dicho departamento, Lucía Figar, y los afectados por su 'reorganización' de escuelas.

Una veintena de padres y madres de los colegios Verbena, Valle Inclán y Carrusel, entre otros, se ha congregado frente a la sede de la Consejería, situada en la calle Alcalá de Madrid, esperanzados y con la ilusión de salir de allí con buenas noticias. A finales de mes comienza el plazo para tramitar la escolarización de sus hijos para el próximo curso y, si finalmente se quedan sin sus escuelas, también anuncian que están dispuestos a seguir dando guerra. 'Si esto no funciona, seguiremos protestando el tiempo que haga falta', sentenció Santos.

'Ni un cole menos': 'Seguiremos protestando el tiempo que haga falta'

Para empezar, hoy han entregado a Figar las firmas que han recogido en los últimos meses contra el cierre de sus centros. En total, 48.000. 'Esperamos que la consejera, al menos, paralice el cierre y que, en ningún caso esto sirva para abrir más centros concertados', señaló Santos. 'La Comunidad de Madrid es la que más ha reducido el presupuesto de Educación -alrededor del 12%, pero sólo en las partidas destinadas a los colegios públicos, no en los concertados', denunció. 'Esta medida sólo va encaminada a privatizar la gestión pública', añadió la portavoz de Ni un cole menos.

La Consejería, sin embargo, asegura que esta redistribución de alumnos entre centros -que implica el cierre de algunos de ellos- se debe a la disminución de matrícula de los mismos y afirma que en ningún caso se perjudicará a los alumnos. 'Eso no es cierto; hay algunas clases en las que se acumulan 27 niños por aula y, cuando se ha disminuido la matrícula ha sido por culpa de la propia Consejería, que eliminó la adscripción hace unos años', rebatió Santos. [La adscripción consistía en el paso automático de un centro de Educación Infantil a otro próximo de Educación Primaria. Los padres sabían, desde que ingresaban a sus hijos en una escuela con 1, 2 ò 3 añitos, dónde continuarían sus estudios hasta los 12].

Una madre: 'En el colegio de mi hijo se le considera un proyecto de vida, no un robot'

Al margen de términos técnicos y económicos, los afectados defienden, sobre todo, la calidad de los colegios que eligieron para sus hijos. 'En la Escuela Infantil Carrusel (0-6 años) van a cerrar la etapa de 3 a 6 para que se quede, simplemente, como una guardería asistencial', explicó Pilar Herrera, cuyo hijo de 3 años acude a dicho centro. 'Van a eliminar todos los derechos que tienen nuestros niños. Y digo derechos porque ahí fomentan sus habilidades, no sólo académicas (aprender a leer o a escribir), sino psico-afectivas. En Carrusel se les considera un proyecto de vida y no unos robots', defendió esta madre. '¡Es un modelo de Educación Infantil que funciona, que incluso lo han copiado con éxito en Europa y hasta en Japón y aquí lo quieren eliminar!', exclamó. Pese a sus quejas, estaba esperanzada con la reunión. 'Lo que no sirve para nada es estar paralizados', añadió.

'Nos gusta nuestro modelo educativo, no el que quiere imponer la Consejería', defiende un padre

Oliver Imam, padre de un niño de 3 años que acude, 'desde que tenía uno', al centro de Educación Infantil Valle Inclán, también defiende con fervor el trato que allí dan a su pequeño. 'Estamos muy a gusto con la fórmula que utilizan para desarrollar a los niños, los hacen autónomos, para que aprendan por sí mismos e implican a los padres en el proceso educativo', detalló. 'Si te los llevas a un colegio de Primaria, para tener una tutoría con su profesor tienes que pedirla con dos meses de antelación; aquí, en cuanto llegas a buscar al niño, te atienden si lo necesitas', continuó. 'No queremos el modelo que pretende implantar la Consejería; queremos el nuestro', concluyó Imam.

A la movilización de las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) se unieron también los portavoces de Educación del Partido Socialista de Madrid (PSM) y de Izquierda Unida (IU), Eusebio González y Eulalia Vaquero, respectivamente. Ambos denunciaron la falta de diálogo y de transparencia del departamento de Figar porque, dicen, 'no muestra ningún dato' que justifique dicha 'reorganización' de colegios.

PSOE: 'Son centros de referencia en sus etapas educativas; no hay razón para cerrarlos'

'Queríamos acompañarles a esta reunión porque defienden una causa justa', señaló el primero. 'No hay ninguna razón objetiva ni pedagógica para cerrar centros que son referentes en sus etapas educativas y para los municipios en los que están ubicados', aseveró González. 'Este movimiento merece la pena porque hay que decirle a Figar que la Educación no es suya, que es de todos, y que tiene que sentarse a hablar con la gente porque si no, hablamos de autoritarismo', detalló Vaquero. 

IU: 'Es un trasvase descarado de la pública a la privada'

Como los afectados, los miembros de la oposición también ven en esta medida del PP, un plan privatizador más.'Es un trasvase descarado de la pública hacia la concertada', opinó Vaquero. 'Esta medida sólo responde al negocio que quiere hacer el PP y Figar, en concreto, para que campe a sus anchas la iniciativa privada por todo Madrid', coincidió también González. 'Si para seguir eligiendo un centro público los padres tienen que trasladarse 2 kilómetros, al final se quedarán en el concertado que está a 500 metros del suyo', especificó la titular de IU.  'Además, si no es así, si se trata de una razón económica, ¿por qué no tocan los conciertos?', se preguntó. 'Espero que Figar defienda ahora la libertad de elección de los padres que defienden en otras ocasiones', concluyó.