Plantean llevar ante la Comisión Europea el sobrepago de 3.400 millones a las eléctricas

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que en 2013 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que el Estado había perdonado a las eléctricas una deuda de 3.396 millones de euros, se plantea ahora denunciar el caso ante la Comisión Europea por lo que creen que podrían ser consideradas "ayudas de Estado ilegales" y por lo tanto, sin plazo de prescripción.

La Plataforma, compuesta por ecologistas y consumidores, se plantea esta posibilidad después de conocerse, tal y como publicó el diario El País, que la Fiscalía Anticorrupción está investigando para saber por qué los responsables de Energía entre los años 2007 y 2010 (en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) no reclamaron a las grandes compañías eléctricas los excesos de cobro de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) por un importe que oscilaría entre los 2.500 y los 3.400 millones de euros.

La posibilidad de cobrarlos prescribió en el año 2010, pero nunca fueron reclamados por parte de la Administración, pese a que un informe de la Abogacía del Estado de 2008 así lo avaló y dos informes de la Comisión Nacional de la Energía de la misma fecha recordaron al Gobierno que aún no se había procedido a la liquidación.

"Después de conocerse todo esto, no cabe suponer que hubo olvido o negligencia por parte del Estado, sino una decisión política", ha señalado Cote Romero, portavoz estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. En una primera parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, la Plataforma denunció delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los casos de puertas giratorias entre la Administración pública y las compañías de electricidad. No obstante, la Fiscalía ordenó archivarlo.

Según el abogado de la plataforma, Piet Holtrop, el informe de la Abogacía del Estado que se ha hecho público ahora abriría la puerta a que la Comisión Europea pudiera calificar los pagos en exceso de los Costes de Transición a la Competencia como ayudas de Estado ilegales, que no tienen plazo de prescripción y que, en consecuencia, aún podrían ser exigidas a los beneficiarios. Según la Plataforma, esas devoluciones, de producirse, deberían ir a parar al Sistema Eléctrico y no al Estado para poder disminuir el déficit de tarifa y repercutirlo en las facturas de los consumidores.

Lo CTCs fueron creados en 1997 por el Gobierno de José María Aznar para compensar a las eléctricas por la liberalización del mercado y garantizarles un retorno de la inversión realizada. Las compañías que se beneficiaron de la medida fueron Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico). En concreto, se les garantizó una compensación durante 10 años hasta los 36 euros por megavatio/ hora siempre que el mercado marcase un precio inferior, hasta un tope de 8.600 millones. El mecanismo descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase ese precio, algo que sucedió de forma drástica a partir de 2005, cuando la caída del precio del petróleo supuso un alza del precio de la energía que se mantiene hoy en día.

Pese a que en 2006 el Gobierno derogó los CTCs, nunca reclamó a las empresas eléctricas lo que habían cobrado de más y que, según diferentes cálculos, oscilaría entre los 2.500 y los 3.400 millones.

Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico y miembro de la Plataforma, calcula que de haberse hecho esa liquidación correctamente,  los consumidores se podrían haber ahorrado cerca de 30.000 millones de euros, equivalente al déficit de tarifa.

El importe a recuperar, según recordó Cote Romero, "sería suficiente para sufragar los gastos esenciales de electricidad de la totalidad de familias afectadas por la pobreza energética durante un plazo superior a 4 años".

"Estamos ante el mayor caso de corrupción de los conocidos hasta ahora en la democracia en España,  ni sumando lo defraudado en los ERE, el caso de las tarjetas black, Nóos, etc. se llega a la cantidad que manejamos aquí".