Un plan contra la picaresca al medir la contaminación

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Nacional de Calidad del Aire, que pretende combatir la contaminación atmosférica en los cielos españoles por medio de 90 medidas. Se trata de ideas que se sugieren pero que deberían aplicar otras administraciones comunidades autónomas y ayuntamientos y de varias actuaciones concretas que se pondrán materializar en breve de forma efectiva.

Por ejemplo, el plan propone desarrollar un etiquetado por colores de los distintos tipos de automóviles, para que, más adelante, las ciudades puedan vetar el acceso de los más contaminantes a determinadas áreas, que se denominarían Zona Urbana de Atmósfera Protegida (ZUAP). De momento, se ha iniciado el trabajo con los fabricantes de coches para realizar el etiquetado propuesto, pero en el futuro ninguna Administración estará obligada a tener en cuenta esta clasificación.

El Plan de Calidad del Aire quiere evitar que las urbes manipulen los datos

Una medida que sí servirá para ayudar a "cambiar la realidad", como aseguró al anunciar el plan la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, es la de desarrollar un protocolo que concrete cómo y dónde deben ubicarse las estaciones de medición de partículas contaminantes y la implantación. Este protocolo evitará la picaresca de determinadas ciudades, denunciada por ecologistas y la propia ministra, que reubicaban las estaciones de medición de año en año en función de los registros que obtuvieran, evitando los lugares con altos datos de contaminación atmosférica. Además, se lanza un sistema de infor-mación que garantice el intercambio de datos entre las admi-nistraciones ante situaciones de riesgo para la salud.

La ministra también anunció que, a partir de diciembre, la Agencia Española de Meteorología comenzará a hacer predicciones de la calidad del aire de las principales ciudades españolas (mayores de 100.000 habitantes) con 24 horas de antelación. Esta medida se toma con la intención de avanzar hacia uno de los principales objetivos que se marca el plan, que es el de "fortalecer el derecho ciudadano de recibir información en tiempo real y veraz del estado de la calidad del aire", según Aguilar.

La aprobación de este plan era uno de los principales objetivos que se marcó la ministra para antes del final de la legislatura, aunque reconoció que no busca "medidas coercitivas, sino un compromiso de todas las administraciones y organizaciones para construir una nueva realidad".