Las pequeñas grandes maniobras

Estamos a cinco días del ultimátum de José Bono para que el próximo viernes, 30 de junio, el Congreso proponga los candidatos a fin de cubrir las cuatro plazas vacantes en el Tribunal Constitucional. ¿Hay alguna posibilidad de que la renuncia sonora de Javier Delgado, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera el pasado 13 de junio y el rechazo de la misma por su presidente, Pascual Sala, consigan abrir la puerta de la renovación? ¿En qué punto está la voluntad "sincera" de los populares y la actitud de los socialistas?

El silencio que se cierne sobre esta renovación es casi sepulcral. Pero pequeñas grandes maniobras, haberlas, como las meigas, haylas. CiU, Esquerra Republicana, Izquierda Unida-ICV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ya han registrado el nombre de sus cuatro candidatos. Pero, como es obvio, el desbloqueo sólo lo pueden lograr el PSOE y el PP.

El PP quiere replantear la elección de Sala como presidente

Aunque el veto respectivo de sus candidatos era, hasta hace algunas semanas, la razón persistente para la falta de consenso, las cosas parecieron sufrir un cambio. Daba toda la impresión de que los nombres de Enrique López y Cándido Conde-Pumpido iban emparejados. Ni los socialistas, se aseguraba, cuestionan ya al magistrado López, frustrado en su día en el Senado, ni los populares pondrían veto a la del magistrado en excedencia del Supremo y actual fiscal general del Estado, Conde-Pumpido.

Entonces, ¿dónde estaría el escollo? Cuando un tribunal como el Constitucional tiene pendientes de resolver asuntos tan espectaculares como los recursos contra la Ley del Aborto y la Ley de Matrimonio Homosexual, por tomar solo dos ejemplos, el problema de poder es crucial. Y aquí, la Presidencia es clave. Tanto por la capacidad para fijar el calendario como por su voto de calidad.

Los populares quieren, por ello, replantear la elección de Pascual Sala que tuvo lugar el 20 de enero. Ya en aquellas fechas, el PP sostuvo que la elección había sido irregular porque en la votación habían participado tres magistrados cuyos mandatos estaban caducados (Gay, Pérez Vera y Delgado) y que, además, habían votado once miembros de los doce, pendiente como estaba cubrir la vacante de un fallecido.

Algunas fuentes creen que Aragón rechaza la Ley de Matrimonio Homosexual

Y aunque Sala, como todo presidente, ha sido elegido por un mandato de tres años, la idea del PP era, ya entonces, que una vez abordada por el Congreso la renovación de su tercio sería necesaria una nueva elección del presidente, esta vez con el quórum completo.

Se trata de una interpretación del artículo 16.3 de la Ley Orgánica del TC que muchos juristas comparten. Según señala: "La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".

Por tanto, parece que es la renovación la que actúa como desencadenante o prólogo de la elección del presidente.

Los socialistas quieren blindar por tres años la actual Presidencia

Las aspiraciones del PP, claro, tienen relación directa con la correlación de fuerzas actual en el tribunal. Aunque existe una llamada "mayoría progresista", uno de los integrantes de la misma, Manuel Aragón, actúa cada vez más, según algunos miembros, como un submarino popular. Aragón, que se consideró como candidato in péctore a la Presidencia del tribunal antes de votarse la sentencia del Estatut, vio frustradas más tarde sus ambiciones tras unirse al bloque conservador para tumbar algunas de sus aspiraciones, más bien simbólicas pero cargadas de proyección política.

Tanto Aragón como el PP, según fuentes consultadas, estiman que, una vez completada la renovación con los cuatro miembros del Congreso, hay que volver a elegir presidente. Esas fuentes señalan que el citado magistrado ha dicho en círculos del TC que en sentencias clave como la Ley del Matrimonio Homosexual, él es partidario de admitir la inconstitucionalidad de varios puntos. Aragón se encamina a reeditar el papel que cumplió en el desenlace del Estatut.

En este contexto, han vuelto a resurgir los vetos. Una fuente sostiene que el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, mantiene su oposición al nombramiento de Enrique López. Otras fuentes estiman que, en cambio, Alfredo Pérez Rubalcaba ve que ahora, tras el veto del Senado, sí cumplen los requisitos en dicha candidatura.

En última instancia, los socialistas quieren blindar la Presidencia de Sala por tres años. Si el PP garantiza el respaldo a su reelección, tras cubrirse las cuatro vacantes pendientes, el veto sobre López sería retirado.

Pero habrá que ver, pues, cuál es la estrategia de Federico Trillo, hasta qué punto está dispuesto el PP, que ya se ve a meses de ocupar el Gobierno, a la cohabitación durante algo más de la mitad de la próxima legislatura con un presidente que considera próximo al PSOE.

Aragón podría formar grupo de seis magistrados con los cinco conservadores, lo que daría un empate con los otros seis progresistas en una nueva elección de presidente. Si se diera dicho empate, la presidencia recaería en el magistrado de más edad, el conservador Ramón Rodríguez Arribas.