Pastor hará un plan de obras con dinero privado y ayudas

Carpetazo al Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) que iba a durar hasta 2020 y su complementario Plan Extraordinario (PEI). La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer en su primera comparecencia en comisión en el Congreso que lanzará un nuevo plan, que esta vez se denominará Pitvi:Plan Estatal de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y se hará para 12 años, hasta 2024. Y ofreció un pacto de Estado en estas materias. El plan no se aprobará hasta julio, con lo que la cartera carecerá de guía cuando se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado en marzo. Dada la austeridad y el "rigor económico" imperantes en los Presupuestos, el plan se apoyará, especialmente, en el dinero que aporten las empresas privadas a través de fórmulas de colaboración público-privada y también en las ayudas europeas que se puedan conseguir, como dejó claro Pastor.

A pesar de que el ministerio inversor por excelencia perderá gran parte de su fuelle, la titular de la cartera evitó hablar de recortes. No concretó en ningún momento cómo se reducirá el presupuesto prorrogado ahora vigente en los 1.600 millones anunciados. "Empezamos con los 1.600 millones de recorte, pero luego hacemos la carta a los Reyes Magos", espetó el portavoz del PSOE en la comisión de Fomento, Rafael Simancas.

El nuevo Plan de Infraestructuras prevé una inversión anual más abultada

Se refería a la larga lista de inversiones que detalló la ministra en carreteras (como la autovía del Duero o la del Nordeste) y en alta velocidad por 77.400 millones. No dio la cifra global, pero el Ministerio lo cifra en unos 225.000 millones. De esta cantidad, 52.400 irían a carreteras y más de 25.000 a alta velocidad, con la mayor partida al AVE Madrid-Galicia (8.500 millones). De esta forma, la inversión anual que se prometería con el plan es de casi 19.000 millones, mayor que la del PEIT que ayer criticó la ministra por su planificación y que rondaba los 16.000 millones anuales (249.000 millones en 15 años).

El dato resulta curioso toda vez que ayer la ministra centró parte de su discurso en acusar al anterior Gobierno de haberse endeudado extremadamente en la ejecución de infraestructuras. Destacó que las empresas de Fomento, como Renfe, Adif, Feve y Puertos del Estado, acumulan una deuda de 40.000 millones, un 50% más que en 2004, cuando salió el anterior Gobierno del PP, y esto supone más de tres puntos del PIB. Pero Pastor obvió decir que pagar los intereses de esa deuda de empresas públicas no computa como déficit para el Estado.

Dentro del plan de reducción de costes general, Pastor anunció que "en próximas semanas se iniciará un proceso de supresión de entes empresariales y sociedades mercantiles del Estado" que no son imprescindibles. Se constata así que el plan anunciado por el Ejecutivo se implantará en breve. Pastor no dio detalles sobre cómo afectará a Fomento y su plantilla.

Fomento regulará que el cierre de aerolíneas no dañe tanto al pasajero

Una de las medidas que pondrá los pelos de punta a las empresas de infraestructuras es la intención de Fomento de cambiar el modelo de las concesiones (cesión de la gestión) en las autopistas de peaje. Una decena, entre ellas, las radiales de Madrid, está al borde de la quiebra. Pero si se cambian drásticamente las condiciones sobre la responsabilidad del Estado esto puede ahuyentar nuevas inversiones de las empresas en autopistas.

El cierre de Spanair tendrá consecuencias. La ministra aseguró que habrá medidas para que "los derechos de los usuarios nunca estén subordinados a los intereses empresariales" cuando se produzca la caída de una aerolínea. Ayer, medio millar de trabajadores de Spanair y de empresas dependientes se concentraron en Barcelona frente a la sede de la Generalitat para exigir "un compromiso con los hombres y mujeres" que han "luchado por hacer posible esta compañía", informa João França. La Generalitat se reunirá con ellos posiblemente la semana próxima.

En vivienda, la titular de Fomento abrió la puerta a la eliminación de la polémica Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada por el Gobierno anterior en 2005, porque "no ha tenido éxito" al haber buscado inquilino sólo para unos 4.500 pisos y acumular unas pérdidas de 37 millones de euros en menos de siete años. Habrá medidas para mininizar los casos de desahucio.