La Oficina Antifraude "ni afirma ni descarta" que CDC se financiara ilegalmente

La Oficina Antifraude de Cataluña "ni afirma ni descarta" que CDC haya obtenido financiación al margen de la ley aprovechándose de la estructura del Palau de la Música, si bien ve "dudas razonables" sobre los métodos a la hora de obtener fondos para la Fundación CatDem, vinculada al partido.

Esta es la principal conclusión del análisis realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña del conjunto de elementos analizados en la Comisión de investigación del Parlament, que ya ha finalizado sus trabajos y hoy los grupos políticos presentarán en la cámara.

En el informe, se afirma que la comisión no ha podido acreditar "en absoluto" que la Fundación CatDem -antes Trías Fargas- hubiese desviado, a su vez, los fondos hacia CDC.

No obstante, constata las "dudas introducidas" durante la Comisión de investigación sobre la eventual vinculación de CDC con determinados contratistas o proveedores del Palau, que no estarían en disposición de justificar los trabajos facturados y cobrados.

Además, las "incontestables anomalías" en la obtención y posterior devolución de fondos por parte de la Fundación CatDem introducen una "duda razonable" sobre sus métodos de financiación que, en todo caso, correspondería a la Sindicatura de Cuentas aclarar y al Tribunal de Cuentas depurar, según la Oficina Antifraude.

En el informe se repasan de forma muy descriptiva las intervenciones de todos los comparecientes ante la comisión y se destacan algunas conclusiones, como en el caso de la empresa Ferrovial, que aportó al Palau de la Música entre los años 1997 a 2009 más de 12 millones de euros y que, en estos años, fue la adjudicataria de importantes obras en la construcción de la Ciutat Judicial y en la L9 del metro de Barcelona.

Así, la Oficina Antifraude ve de nuevo "dudas razonables" en el hecho de que la mayoría de los pagos realizados por el Palau a la fundación CatDem fueran precedidos por los ingresos provenientes de Ferrovial.

También dedica un apartado específico al asunto del hotel del Palau, un proyecto que impulsaron los antiguos gestores de esta entidad musical, Fèlix Millet y Jordi Montull, y que supuso múltiples reuniones, llamadas y mensajes de éstos con responsables del ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

En concreto, considera que las argumentaciones de la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, en su comparecencia en el Parlament intentando explicar el convenio existente con el Palau sobre el hotel "atenta contra los más elementales principios de obligaciones y contratos del derecho civil y sólo pueden tener como explicación lógica justificar la falta de los trámites ordinarios".

El informe ve "curiosas" las anotaciones atribuibles a Jordi Montull después de una posible reunión entre el arquitecto del futuro hotel, Carles Díaz, que también había trabajado en la ampliación del Palau de la Música, con Ramón García Bragado, teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona.

"Reprochan entre los dos, malos modos de regateo, pactan forma, pactan volúmenes, que se apruebe definitivamente, saldrán más 'pegas' y las resolverán", dice el informe.

En cuanto a comparecencias de políticos, destaca las observaciones que se realizan en el informe sobre la de Ángel Colom, el relato del cual "resulta bien definitorio de la percepción que en ciertos ámbitos de la sociedad catalana (los amigos del compareciente) se tenía de los gestores del Palau como fuente para la obtención irregular de dinero, independientemente de si el destinatario final era una formación política o, como en este caso, su propio dirigente, a título personal".

El informe concluye que para evitar un nuevo caso Palau de la Música no hacen falta nuevas leyes sino "exigir la plena y efectiva aplicación de las ya existentes", y considera que los responsables políticos "además de ser unos meros receptores de la información, deben ejercer sus tareas fiscalizadoras del uso del dinero público de manera efectiva y no acríticamente".