Odyssey agotará todos los recursos legales para impedir que el tesoro vuelva a España

La empresa estadounidense Odyssey agotará todos los procedimientos legales para hacer prevalecer lo que considera sus derechos sobre el tesoro de 500.000 monedas de plata y oro que se disputa con el Estado español, señaló hoy la compañía a Efe.

Odyssey sufrió ayer un revés legal en un tribunal de Tampa (Florida) tras la recomendación del juez Marck Pizzo de que el tesoro rescatado en 2007 del pecio de un supuesto buque español vuelva a ser custodiado en su país de origen.

Odyssey dispone de diez días para presentar por escrito sus objeciones a la recomendación del magistrado Pizzo, quien señaló que no tiene jurisdicción sobre el caso.

"Si el juez continúa con su recomendación, planeamos apelar esa decisión ante un tribunal superior", expresó Odyssey en un comunicado y afirmó que "los jueces no son infalibles, como se evidencia en multitud de veredictos que son anulados todos los años en los tribunales de apelación".

"En algún punto Odyssey debe reconocer que sus argumentos son falsos y no tienen sentido", dijo a Efe James Goold, abogado del Estado español en el juicio que se sigue en Tampa.

Goold expresó su satisfacción por la recomendación del juez, aunque indicó no sentirse sorprendido porque "sabemos que la posición española está absolutamente clara" y fundamentada en "principios legales internacionales".

Las objeciones que presente Odyssey serán revisadas por otro juez del mismo tribunal, explicó Goold, quien se mostró confiado en que su decisión también sea favorable a España ya que la instrucción de Pizzo ha sido excelente, acotó.

"Él (Pizzo) es un magistrado muy cuidadoso a la hora de examinar la información histórica y observar los principios legales", aseguró.

No obstante, la empresa de exploración submarina, con sede en Tampa, replica que hay "hechos importantes que no han sido adecuadamente investigados y examinados" por este magistrado.

Por ejemplo, el asunto de "a quién pertenecen las monedas (cargamento) recuperadas" por Odyssey del fondo del Océano Atlántico y que, según España, son del buque Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió en 1804 tras combatir contra una fragata británica.

Odyssey sostiene además que no hay pruebas suficientes para concluir que la nave de la que procede el tesoro es "La Mercedes" y, aún en el supuesto caso de que lo fuese, ésta se hallaba "comprometida en una misión comercial en el momento de su desaparición".

Además, la empresa dice que cuenta con "documentación que muestra que la mayoría de la monedas del cargamento pertenecían a individuos privados que pagaron unos honorarios para que fueran transportadas".

Pero, el magistrado dio la razón a España al señalar que "carece de jurisdicción sobre el caso" y recomendar que el tesoro, en disputa desde hace más de dos años, debe retornar a manos del Estado español.

El dictamen del juez deja entrever que el pecio hallado por Odyssey es "La Mercedes", perteneciente a la Armada Española, una identidad que la empresa estadounidense sólo ha considerado como hipótesis sólida.

Para España, las pruebas son definitivas y confirman que la identidad del barco es "La Mercedes" y, por lo tanto, ponen el cargamento bajo la protección del principio de inmunidad soberana.

Los documentos históricos presentados por el Gobierno español indican que la fragata "La Mercedes" se hundió en combate el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve, en Portugal.

La reclamación española agrega que los restos de "La Mercedes" pertenecen a un cementerio de guerra y se encuentran protegidos por la inmunidad soberana del Reino de España.

Odyssey, por su parte, aportó en su informe imágenes del yacimiento que muestran que sólo hay un cargamento desperdigado por el fondo marino que pudiera ser indicativo de que el cargamento fue arrojado al mar o el resultado de una explosión o de un accidente.

Además, en el supuesto caso de que fuese "La Mercedes", ésta se hallaba comprometida en una misión comercial en el momento de su hundimiento, por lo que los tribunales de EEUU tienen jurisdicción sobre el caso llamado "Cisne negro".