De ocupar la Puerta del Sol a acampar en el IVIMA

Desde que  una recién creada PAH de Madrid consiguiera paralizar el desahucio de Anwar y Tatiana con el apoyo de los indignados, en junio de 2011 en Madrid, los desahucios pasaron a considerarse una de las caras más sangrantes de la crisis económica, y el derecho a la vivienda se elevó como una problemática a la que las instituciones no habían prestado la atención suficiente.

Este ha sido uno de los logros del movimiento 15-M que, en el clima de descontento que llenó las plazas de toda España, puso sobre la mesa no sólo el drama de las hipotecas impagables en un contexto de crisis económica y paro desmedido, sino el potencial que residía en una ciudadanía organizada.

Dos años después de que las calles bulleran de reivindicaciones sociales, el movimiento por la vivienda se ha organizado y estructurado de tal forma que las ejecuciones hipotecarias no son las únicas que se combaten. Los desahucios por impago del alquiler en viviendas sociales ha sido otra constante en la batalla ciudadana, hasta el punto de que ha surgido una nueva agrupación: la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).

"La problemática de la vivienda social no tiene nada que ver con la hipotecaria. No te enfrentas a un banco, sino a una empresa pública", explica Lola Fernández, activista de la Oficina de Vivienda , un colectivo que defiende el derecho a la vivienda digna. Según esta colaboradora de PAVPS, "la gente que accedió a la vivienda social, lo hizo porque, antes del 2008 y la crisis, no tenían recursos ni trabajo. Era un colectivo en riesgo de exclusión previo a la crisis y ahora se ha visto aún más afectado que la clase media, que es el grueso de la gente afectada por la hipoteca".

La PAVPS nació hace pocos meses, impulsada por la asamblea de vivienda de Madrid, donde confluyeron las asambleas de vivienda del 15-M de varios barrios y otros colectivos como la PAH de Madrid y la Oficina de Vivienda. Se encarga de asesorar jurídicamente y de apoyar a las familias desde que reciben los primeros avisos por impago de alquiler.

Afectados por desahucios de la EMVS y el IVIMA durante una asamblea de la PAVS - JAIRO VARGAS

Cada dos jueves, en la calle San Cosme y San Damián de Madrid, las familias al borde del desahucio acuden a las reuniones de esta plataforma. Sentados alrededor de una mesa enorme, cada uno expone su caso y, con ayuda de abogados y activistas, organizan las acciones para evitarlo. "Una vez que habéis llegado aquí, recordad que nunca más estaréis solos", les recuerda Feli Vázquez, una veterana activista por el derecho a la vivienda, miembro de la PAH y también de la PAVPS.

"Las deudas son muy pequeñas como para dejar a una familia en la calle" Los casos más frecuentes son los de familias, normalmente inmigrantes, que solicitaron una vivienda social cuando tenían trabajo. Como a seis millones de personas en España, el desempleo se llevó por delante sus ingresos y, ahora, son incapaces dehacer frente al alquiler. La deuda se va acumulando mes a mes hasta que la empresa envía los avisos. Sin embargo, "son deudas muy pequeñas como para dejar a una familia en la calle", asegura Feli.

Por ello, llevan a cabo accionesde dos tipos: individuales, que consisten en presentar la documentación necesaria para que se aplace el desahucio; y colectivas, que se resumen en hacer presión en las casas antes del desalojo o en las oficinas de estas empresas para lograr que se reúnan con los afectados y se renegocie la situación.

Los afectados se dividen en dos grupos. Por un lado, los que residen en un piso de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), dependiente de Ana Botella, alcaldesa de Madrid. Por otro, los que tienen problemas con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), ente autonómico que depende de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.

Con el IVIMA, la presión popular ha surtido un gran efecto. "Se ha conseguido una línea de interlocución directa entre esta empresa pública y la Plataforma y también la destitución del anterior gerente", dice Fernández.

Sin embargo, este tipo se acciones ya se venían realizando mucho antes de la formación de la PAVPS. "La plataforma se consolidó a petición de las propias afectadas, que demandaban un espacio común donde pelear juntas. Había una cantidad de casos que las asambleas de barrio no eran capaces de asumir", sostiene Fernández. "Hacía falta un lugar en el que hablar de esta problemática y sobre cómo establecer estrategias colectivas para presionar a estas empresas públicas", añade.

Pero su batalla está dando resultado. Se han llegado a renegociaciones en todos los casos que han peleado con el IVIMA. Sin embargo, la situación de la EMVS es más complicada. Debe 630 millones a los bancos y tiene abierto un ERE que reducirá su plantilla en un 90%, pasando de 342 a 38 empleados.

"La EMVS se está gestionando como una empresa privada, olvidando su función social"  Actualmente, hay más de 13.000 solicitantes que esperan una vivienda de la EMVS, pero Botella, lejos de adjudicar casas vacías, piensa vender a "inversores financieros" 1.860, muchas de ellas adjudicadas y con inquilinos, ya que son 1.108 las que, según la EMVS, están vacías.

"La EMVS se está gestionando como una empresa privada, olvidando la función social con la que fue concebida", explica Lola Fernández. "Ahora mismo tiene un serio problema de liquidez y lo que hacen es echar a gente de sus casas y tapiar las viviendas, que pueden permanecer así cuatro o cinco años", añade. El objetivo, según la activista, es "dejar la vivienda vacía para que mantenga su valor y, eventualmente, poder venderla" para adquirir liquidez con la que pagar la deuda contraía, la mayoría con Bankia, la entidad nacionalizada que más dinero público ha recibido.

Pero a base de encierros en la sede de la empresa y de paralizar desahucios con concentraciones en la puerta, tan sólo uno de los desalojos que han peleado se pudo llevar a cabo.

A su favor, esgrimen siempre una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligó al IVIMA a paralizar el desahucio de una mujer que ocupó una vivienda pública vacía. La sentencia hacía constar que se vulneraban derechos fundamentales, al no ofrecer una alternativa habitacional a la mujer y sus hijos. A raíz de esta sentencia otros casos de ocupaciones, también de casas de la EMVS, se han resuelto del mismo modo. Y no sólo de ocupaciones, sino de desahucios por impago del alquiler.

La lucha de la PAVPS, explica Fernández, se realiza por unas exigencias "de mínimos": paralizar los desahucios, que se ofrezcan alternativas a los afectados que no pueden hacer frente a la renta y movilizar el parque público de viviendas para que no haya una casa vacía mientras las familias viven en la calle. "Queremos que a las familias que no tienen ingresos no se las desahucie", sentencia.

La PAVS es un ejemplo más del impulso que supuso el 15-M en la lucha por el derecho a la vivienda. "Es impresionante el cambio en la mentalidad de la gente. Antes era muy común la idea de que, si no se pagaba la hipoteca o el alquiler, era porque no se quería. Se culpabilizaba a las víctimas y se asumía que se vivían por encima de sus posibilidades", sostiene la activista, que comenzó a trabajar por el derecho a la vivienda después de las acampadas de la Puerta del Sol.

"El 15-M puso sobre la mesa que los bancos se han lucrado con esta crisis y que quienes están pagando las consecuencias son las personas", critica. Una muestra de ello, dice, es el gran apoyo social que han revelado las últimas encuestas  respecto al movimiento antidesahucios. "Las pequeñas victorias a lo largo de estos dos años han engordado la movilización. La gente está viendo que realimente sí se puede", concluye.