Ocho activistas se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros por intentar parar un desahucio

Ocho activistas antidesahucios se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros por supuestamente haber desobedecido a los mandatos de la Policía en el intento de paralización del desalojo de Teresa Cabrero, una mujer gravemente enferma del corazón y que tenía reconocida una incapacidad permanente. Según el atestado policial, estas ocho personas trataron de evitar el paso de la comisión judicial intentando impedir así que se llevara a cabo el mandato del juez, si bien el desahucio sí que se llegó a ejecutar. El próximo 29 de noviembre serán juzgados en las dependendencias de la plaza de Castilla de Madrid. 

Varios testigos aseguran que el protocolo de actuación que siguieron los miembros del 15-M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el intento de paralización de ese desahucio, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2012, fue el habitual: "apostar por la resistencia pacífica" frente a la "violenta" actuación de la Policía. 

José Manuel Hernández, abogado de la PAH que asistirá en el juicio a los ocho imputados, confía en que todos resulten absueltos. "El atestado policial no es muy duro", señala. No obstante, si finalmente se les condena por una falta leve de desobediencia, podrían ser castigados con una multa de entre diez y sesenta días a razón de una cuota diaria que puede oscilar entre los dos y los 400 euros, según se recoge en los artículos 634 y 50.4 del Código Penal. Tirando por lo alto, podrían enfrentarse, por tanto, a una multa de hasta 24.000 euros. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por Público estiman esta sanción como "poco probable", pues la cuantía a pagar se establece en función de las circunstancias personales de los condenados. "Lo habitual suele ser una cuota diaria de entre 5 y 6 euros", señalan estas mismas fuentes. En este caso, en el caso de ser condenados, la multa se reduciría considerablemente.

"Se van a ver delante de un juez por intentar parar un desalojo que no habría tenido lugar tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley del Gobierno", señala Víctor, participante del grupo antidesahucios del barrio madrileño de Tetuán, donde residía Cabrero. Lo cierto es que esta mujer, que acabó marchándose a su país de origen, Ecuador, tras ser desahuciada, tenía una discapacidad superior al 33%, uno de los supuestos que recoge la nueva norma para acogerse a la suspensión del lanzamiento durante un período de dos años. 

"No esperábamos que fueran a llamarlos a juicio, lo lógico habría sido, en todo caso, la apertura de un expediente administrativo", amplía Víctor.  

Para dar apoyo a estas ocho personas, la asamblea de Tetuán que surgió tras la eclosión del movimiento de los indignados y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) están llevando a cabo una campaña de difusión de este caso en las redes sociales. A través de un blog piden la absolución de todos ellos y denuncian la "criminalización" de la resistencia pacífica. "Mientras, por todos lados, políticos, banqueros, jueces o secretarios judiciale se muestran consternados con los desahucios, 8 solidarios de verdad, de los que no hacen declaraciones públicas, ni se dan golpes de pecho, ni ponen cara de pesadumbre, se las verán con un juez por defender el derecho a una vivienda digna de una mujer enferma", puede leerse en una de las entradas de la página web que han creado. Asimismo, han convocado una concentración a las puertas de los juzgados de plaza de Castilla –donde se celebrará el juicio– para "arropar" a los imputados.