Una obra decidida por un imputado en la 'Gürtel' cuadruplicó su coste

Pujar a la baja y luego disparar la cifra de la adjudicación. Eso fue lo que ocurrió en Arganda del Rey (Madrid) con dos constructoras vinculadas al caso Gürtel. Teconsa y Constructora Hispánica obtuvieron en 2006 tres contratos para construir la circunvalación AR-30. Los tres tramos adjudicados, dos para Teconsa y uno para Hispánica, se habían cifrado en 11 millones de euros, pero terminaron costando al municipio más de 27 tras sendas modificaciones de proyecto y encargos de obras "complementarias".

La ejecución de los dos tramos adjudicados a Teconsa se había licitado por 5,9 millones de euros, pero acabó costando casi el cuádruple: 20,3 millones. Hispánica pasó de 4,1 millones a 7. En el momento de la adjudicación, Arganda tenía como alcalde a Ginés López, del PP, imputado en la Gürtel y para quien el juez ha fijado una fianza civil de 1,5 millones de euros, la segunda más alta del caso.

La sociedad municipal que adjudicó las obras no informa al pleno

Los documentos oficiales remitidos al pleno municipal sólo dan información sobre dos tramos: el 10.1, adjudicado a Teconsa por 2.820.770,49 en mayo de 2006, diez días después del anuncio de licitación; y el 2-3, otorgado por Hispánica en concurso ordinario por 4,1 millones, un precio que implicaba una baja de nada menos que el 20,9% respecto al de licitación.

Del tercer tramo de la carretera, el 10.2, no hay datos municipales. Pero Teconsa, ahora en concurso de acreedores suspensión de pagos publicó en su página web que también lo estaba realizando. La constructora incluyó en esa página el presupuesto de los dos segmentos de la AR-30 que se le habían encomendado: 20.380.238 euros.

Dos imputados dirigieron la empresa: Martín Vasco y Ginés López

Bajo el argumento de que el asunto está en manos de un juez, tras una denuncia del PSOE, el Ayuntamiento de Arganda se niega a dar explicaciones.

La oposición socialista, que se ha estrellado contra un muro en sus múltiples intentos por conocer los detalles del proyecto, ni siquiera ha logrado acceder al expediente completo de la carretera, de 7,5 kilómetros de longitud y finalizada en vísperas de las elecciones de 2008.

La denuncia del PSOE, ahora en manos de un juez de Alcalá de Henares, se centra en un crédito de 16 millones que el gobierno local solicitó en 2008 para pagar las obras. Según los socialistas, la operación crediticia fue irregular. Un ejemplo: los importes de las facturas aprobadas, dice la denuncia, "no coinciden con los incluidos" en el expediente enviado al pleno municipal, "ni tampoco los pagos asignados a cada uno de los tramos de la obra".

Las adjudicaciones corrieron a cargo de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal, dependiente del consistorio y en aquella fecha presidida por el propio Ginés López. Sobre su antecesor al frente de la empresa municipal de Arganda, el diputado Benjamín Martín Vasco, igualmente imputado en el sumario Gürtel, pesa una fianza de 955.000 euros.

Pablo Rodríguez Sardinero, el dirigente del PP que relevó a Ginés López cuando dimitió en marzo, formaba parte de la junta de gobierno que aprobó el proyecto. Desde 2007, Rodríguez Sardinero preside Fomento y Desarrollo Municipal, sociedad anónima que no informa de sus pasos al pleno municipal y en cuyo consejo no está presente la oposición.

"El alcalde no puede mirar para otro lado", protesta Victoria Moreno, portavoz municipal del PSOE. La concejal recuerda que Rodríguez Sardinero "no puede alegar desconocimiento" dado que "formaba parte de la junta de gobierno en 2006".

Y no puede, argumenta, porque ella misma le entregó "el dossier de todas las irregularidades antes de llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción". Anticorrupción consideró que la denuncia debía tramitarse por cauces ordinarios y la remitió a Alcalá de Henares.

La relación de la localidad madrileña de Arganda con la red corrupta ya era conocida. De hecho, allí se localiza una de las operaciones más productivas para sus miembros: la venta del suelo de la llamada Área 124.

Martinsa, otra de las constructoras involucradas en el caso, adquirió los terrenos por 77 millones, cantidad que recuperó casi al completo al vender luego un tercio del solar por 73 millones. Las conversaciones intervenidas a los miembros de la red corrupta indican que Martinsa pagó más de un millón de euros al grupo de Correa y una cantidad similar a cargos municipales de Arganda que decidieron sobre la adjudicación. De nuevo, la adjudicación fue realizada por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal.

La opacidad de esta empresa, que con un variopinto objeto social lo mismo vende suelo que organiza eventos locales, impide conocer qué elementos forzaron a modificar en menos de un año los proyectos de adjudicación de los tramos 10.1, 10.2 y 2-3. En realidad, ni siquiera es posible afirmar sin dudas si el precio global de la AR-30 sólo se duplicó o si, por el contrario, se triplicó.

La duda surge por el caso de Teconsa. Aunque los documentos de la junta de gobierno cifran el proyecto modificado del tramo 10.1 en 7,8 millones, con lo que se supone que ese era el coste total del proyecto, las facturas presentadas posteriormente acreditan que a esa cifra hay que sumarle los 2,8 millones adjudicados originalmente.

Un tercer proyecto, el de obras complementarias, cuyas características y alcance permanece en secreto, se valoró en 1,5 millones. Total, 12,2 millones de euros por un tramo que debería haber costado un máximo de 2,9 millones, que fue el precio de licitación.