Los obispos ocultan el destino de los 11.000 millones de dinero público que reciben

La Conferencia Episcopal percibirá a lo largo de 2013, sólo por la casilla que los contribuyentes pueden marcar en su declaración del IRPF, alrededor de 280 millones de euros. Pero eso apenas son las migajas del trozo que a la Iglesia le corresponde del suculento pastel de los Presupuestos Generales del Estado. Si se tienen en cuenta todas las subvenciones y bonificaciones fiscales, el privilegiado tratamiento que España concede a la religión católica tiene un impacto en las cuentas del Reino cercano a los 11.000 millones, el 1% del PIB, según diversas fuentes consultadas.

Aunque esa apreciable suma de dinero sale del bolsillo de todos, la Conferencia Episcopal no suele informar periódicamente a la opinión pública sobre su destino, salvo en líneas generales y sólo por lo que se refiere a la asignación tributaria. De hecho, la última memoria que está a disposición de los interesados en su página web data de 2010. Pese a ello, el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, manifestó recientemente a la prensa que "la transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en las cuestiones económicas de la Iglesia".

Por otra parte, los medios de comunicación que controla el episcopado llevan tiempo embarcados en una campaña contra el uso opaco que hacen de las subvenciones, en particular, los partidos políticos y los sindicatos. Esas subvenciones, en cualquier caso, son bastante menores que los fondos obtenidos por la jerarquía católica a través de la asignación tributaria y que sirven para cubrir su actividad ordinaria. La subvención estatal a los partidos depende de los resultados electorales y el año pasado rondó los 53 millones. La de los sindicatos no llega a la mitad, según datos oficiales.

Un informe de la entidad laicismo.org sostiene que la principal vía de financiación de la Iglesia son los conciertos educativos, que en 2012 costaron a las arcas públicas del orden de 3.900 millones de euros, con los que se mantienen 2.400 centros privados. La compensación por la asistencia sanitaria prestada en sanatorios, orfanatos, dispensarios y asilos se aproxima a los 2.700 millones. El tercer capítulo por su cuantía es el dedicado a la conservación de las 103 catedrales y los 280 museos propiedad de la Iglesia, con un montante de 700 millones de euros.

El resto del dinero hasta 8.500 millones en números redondos corresponde a los salarios de los profesores de religión, al pago de los capellanes que siguen prestando sus servicios en las cárceles, en los hospitales, en las universidades y en las fuerzas armadas, a las ayudas para la celebración de eventos como la Jornada Mundial de la Juventud y a las transferencias que reciben las dos grandes ONG católicas: Cáritas y Manos Unidas. El culto y el clero ordinario se sufragan con cargo a los 280 millones de euros de la asignación tributaria.

El ahorro que suponen los beneficios fiscales es más difícil de calcular: laicismo.org lo cifra en unos 2.500 millones anuales, mientras que un estudio de la Fundación Primero de Mayo lo rebaja hasta 700. Una buena parte procede del IBI, que no recae sobre los lugares de culto (templos, capillas, conventos), ni sobre oficinas parroquiales, seminarios o universidades eclesiásticas. La vigente ley de Haciendas Locales y la jurisprudencia permiten que también se acojan a esa exención los centros de enseñanza de carácter religioso sujetos al régimen de conciertos.

La Iglesia está exenta del IRPF, salvo si los rendimientos proceden de explotaciones económicas o ganancias de capital; así como de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales, cuando se trata de bienes destinados al culto, a la sustentación del clero y al ejercicio de la caridad. Contra la opinión de la Comisión Europea, tampoco le afectaba el IVA hasta 2006, lo que suponía una merma de recaudación para el Estado de 25 millones de euros anuales.

Todas estas ventajas, que no disfruta ni de lejos ninguna otra confesión religiosa, quedaron consagradas en un acuerdo entre España y la Santa Sede firmado en 1979, poco después de que se aprobara la Constitución. Desde 2006, la Conferencia Episcopal  tiene la obligación de elevar al Gobierno un informe anual con el destino dado a la asignación tributaria, que sin embargo no se hace público. "Lo tienen las instituciones competentes", dijo hace poco el portavoz de los obispos. Cuando entre en vigor la ley de Transparencia, en la que se ha incluido a la Iglesia, mantener la opacidad no le será tan fácil.