La nueva reforma de las pensiones con la que el Gobierno español quiere cumplir con Bruselas y garantizar —según su versión— la sostenibilidad futura del sistema al blindarlo de los efectos demográficos y del ciclo económico, ha chocado con un primer obstáculo dentro del grupo de expertos elegido para elaborar su informe previo.

Las discrepancias surgidas en el comité de doce 'sabios' nombrado por el Gobierno para redactar el texto que servirá de base para regular el llamado factor de sostenibilidad —el mecanismo de ajuste automático de las pensiones— auguran un difícil consenso político y social en una de las reformas más sensibles de la legislatura.

Bruselas otorgó el miércoles a España más margen en su consolidación fiscal, pero a cambio exigió nuevas reformas con un calendario preciso , que en el caso de las pensiones supone cerrar antes de final de año el desarrollo de ese factor estabilizador de la Seguridad Social.

Aunque la Comisión Europea recomendó incrementar la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida, la reforma que se perfila en España, que podría entrar en vigor ya el año que viene, se dirige más bien hacia una reducción de la cuantía de la pensión.

Ese ajuste se realizaría mediante una doble vía: vinculando la actualización anual de las prestaciones a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema —y no a la inflación como hasta ahora—, y calculando la prestación de los futuros jubilados en función de la esperanza de vida.

La mayoría absoluta del PP permitirá que cualquier proyecto de ley sobre pensiones pueda salir adelante, pero el Ejecutivo ha dicho reiteradamente que buscará el consenso ante el evidente riesgo de desgaste político y conflictividad social que conllevaría una aprobación en solitario. Además, la tradición democrática reflejada en la creación del Pacto de Toledo —a cuyo sometimiento habrá de presentarse cualquier propuesta— obliga, aunque sólo sea de cara a la galería, a buscar consenso y evitar una utilización electoralista en materia de pensiones. El  Pacto de Toledo debaten parlamentarios y agentes sociales y es usado como referencia internacional .

Un gran acuerdo parece sin embargo difícil dado que en el debate sobre cómo afrontar el desafío demográfico, la oposición de izquierdas y los sindicatos abogan por medidas que permitan incrementar los ingresos, mientras que el Gobierno y la mayoría de los expertos del grupo creado ad hoc se centra en la reducción de los gastos.

Ese desacuerdo en el enfoque ha retrasado ya la aprobación del informe de los sabios, que no cumplirán el plazo de tener cerrado su texto antes de junio. El pasado martes se dieron una semana más para ajustar un documento que contará con el voto en contra de al menos dos de sus miembros.

Uno de ellos es el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma Santos Ruesga, que considera que la aplicación a partir de 2014 de un doble factor de sostenibilidad —uno anual y otro demográfico— conllevará una peligrosa fractura social.

Ruesga cree que los coeficientes reductores de la pensión propuestos por la mayoría de sus colegas llevarían tendencialmente a una bajada de las prestaciones —aunque se aplicara un suelo para evitar caídas nominales— y supondrían penalizar dos veces a los pensionistas actuales.

Asimismo, el catedrático consideró que detrás de este planteamiento había intereses de grupos de presión, ya que estos cambios impulsarán los sistemas privados de pensiones.

'Nos movemos en un mundo donde los lobbies son poderosos y hay muchos intereses. El modelo abre un nicho de negocio importante para aseguradoras, bancos, etc.', afirma Ruesga, subrayando que ese ahorro para la jubilación solo se lo podría permitir una minoría de la sociedad, lo que llevaría a crear 'pensionistas de primera, de segunda y de tercera'.

Ruesga cuestiona la urgencia del Ejecutivo para aprobar una nueva reforma sin analizar primero los efectos de la realizada por el anterior Gobierno socialista en 2011, que entró en vigor el pasado enero y que supuso ya retrasar gradualmente la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años en 2027.

'Las prisas del Gobierno están mucho más relacionadas con las presiones de Bruselas que realmente con la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del sistema', dice este economista, que considera que el Ejecutivo utilizará el informe como aval para llevar adelante su reforma.

'La gente ya con la ley [aprobada en 2011] iba a cobrar menos, iba a estar más tiempo cotizando e iba a estar menos tiempo cobrando', añade. Al mismo tiempo, Ruesga subraya que cargar el incremento previsto en el gasto de la Seguridad Social sólo en los pensionistas o también en el conjunto de los contribuyentes es una decisión política y no técnica

Ruesga considera previsible una 'reacción' de los sindicatos a este nuevo modelo, que tampoco gustará 'al menos a una parte de la oposición' ni a parte de la sociedad española, que lleva sufriendo años de políticas de austeridad traducidas en recortes de los servicios públicos.

'Tenemos batas blancas, batas verdes y ahora podemos tener batas grises', dijo el catedrático, haciendo referencia a los símbolos de las protestas realizadas en defensa de la sanidad y la educación públicas.

El Gobierno español prepara una nueva reforma de las pensiones mediante la regulación del llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático de las prestaciones para adaptarlas al ciclo económico y la creciente esperanza de vida de la población. España ya aprobó una profunda reforma del sistema en 2011 bajo el anterior Gobierno socialista que supuso el retraso de la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años de forma gradual entre 2013 y 2027.

Esa reforma de 2011 incrementó los años de cotización necesarios para cobrar toda la pensión y los que se tienen en cuenta para el cálculo de la prestación, que pasaron de 15 a 25. La norma dejaba pendiente la regulación de ese factor de sostenibilidad, que debía empezar a aplicarse en el año 2027.

El Gobierno del PP introdujo sin embargo en la ley de estabilidad presupuestaria aprobada el año pasado la posibilidad de adelantar su entrada en vigor si se proyectaba un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones.

A continuación, algunos datos sobre las pensiones y el sistema de Seguridad Social español.

La Seguridad Social española abona mensualmente cerca de nueve millones de pensiones contributivas, de las que más de la mitad (57%) son por jubilación y que suponen cerca del 11 por ciento del PIB anual. La pensión media del sistema es de 833,63 euros (incluyendo otras prestaciones como las de viudedad y orfandad) y hay alrededor de ocho millones de pensionistas, en torno a un millón de los cuales reciben más de una pensión.

La ley actual prevé que la cuantía de las pensiones se actualice anualmente con la inflación para evitar una pérdida de su poder adquisitivo, pero el Gobierno del PP no aprobó el año pasado ese incremento por el desfase de las cuentas de la Seguridad Social ante la caída de los cotizantes y el incremento del número de pensionistas.

La Seguridad Social entró en déficit en 2011 (-773 millones de euros), que se agravó en 2012 hasta los 10.000 millones de euros. Este año se prevé que el desequilibrio se sitúe en unos 14.000 millones.

El Gobierno utilizó el año pasado 7.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para afrontar el pago de prestaciones. La llamada 'hucha de las pensiones' fue creada en 1997 para atender a situaciones de dificultad. En el primer trimestre del año, se elevaba a 63.469 millones de euros. El 97,5 por ciento del importe del fondo invertido en activos financieros corresponde a deuda española.

En materia de pensiones, el PP ya aprobó en abril sin consenso con la oposición una reforma de la jubilación anticipada y parcial para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad.

Según los plazos previstos por el Gobierno, una vez que los expertos emitan su informe sobre el factor de sostenibilidad, el debate pasará a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y a otro foro de agentes sociales, para que a finales de julio se pueda presentar un anteproyecto y en septiembre empezar a discutir el proyecto de ley.