En el último trámite de una hipoteca, su cancelación, los consumidores españoles pagaron en 2010 un sobrecoste de 93 millones de euros en las minutas de notarios y registradores de la propiedad, según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que el 92% de las facturas examinadas presentaban algún tipo de irregularidad. De media, los notarios cobraron, durante el pasado ejercicio, hasta seis veces más de las tarifas fijadas en la normativa de materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un importante abaratamiento de los trámites de cancelación de una hipoteca. En el caso de los registradores, el exceso en las minutas superó hasta diez veces las tarifas oficiales. Así, extrapolando los datos del estudio de la OCU al conjunto de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros sólo en un año.

Según la OCU, desde el cambio de normativa en 2007, las notarías deben cobrar 30,05 euros como tarifa fija del documento de cancelación de una hipoteca. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU es de 260 euros. En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducirlo en un 90%. El resultado son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 euros, no de 144 euros como ha comprobado la OCU.

Ante esta situación, la OCU se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía para que se requiera al colectivo de notarios y registradores a revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas a los clientes.

El director nacional de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, explicó ayer a este diario que buscan dos objetivos con las denuncias: 'Solicitamos a la Fiscalía que ordene la devolución de oficio de las cantidades cobradas de más por notarios y registradores sin necesidad de que tengan que denunciarlo uno a uno los 372.000 consumidores que cancelaron su hipoteca el año pasado'. Además, 'pedimos a los consumidores que se fijen en la minuta de las cancelaciones hipotecarias antes de pagarlas'.

En cuanto a la acusación de notarios y registradores de que al estudio le falta claridad, Múgica señaló que 'es falso pero les interesa confundirlo' y explica que en 2007 hubo un cambio normativo por el que se redujeron los aranceles fijos que cobran notarios y registradores por cancelación de hipoteca. Y apuntó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la interpretación de las cifras máximas que da la OCU.

Frente a las denuncias de la asociación de consumidores, el Consejo General del Notariado solicitará a los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda una actualización del arancel notarial, que no ha sido revisado desde 1989. 'Queremos paliar el descenso de la facturación y las pérdidas de algunas notarías a consecuencia de la crisis económica', asegura el nuevo presidente de los notarios, Manuel López Pardiñas.