Los niños de la talidomida: "Queremos que también se sepa nuestro infierno desde que nacimos"

Unos 180 miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) han reclamado este lunes en un juzgado de Madrid que la farmacéutica Grünental les indemnice con 204 millones por las malformaciones que sufrieron (20.000 por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados), pero la empresa ha pedido que la demanda se desestime por falta de pruebas.

Al juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid y que ha quedado visto para sentencia, han asistido numerosos afectados de la talidomida, personas que nacieron sin pies o sin brazos, o con un muñón, después de que les recetaran a sus madres el fármaco para combatir las náuseas del embarazo.

El abogado de las víctimas, Ignacio Martínez, ha mostrado su confianza en que los afectados españoles sean indemnizados, aunque sea "tarde y mal", para poder afrontar las limitaciones de su vida diaria, como las dificultades derivadas de ir al baño cuando no se tienen codos. Por su parte, la letrada de la farmacéutica ha solicitado una sentencia desestimatoria por considerar que los hechos están prescritos y por la dificultad de aportar pruebas, cincuenta años después de los hechos.

En nombre de AVITE, Martínez ha señalado que la farmacéutica ha pagado casi 600 millones de euros en indemnizaciones en Alemania como responsable del "desastre" de la talidomida, mientras que España es el país peor tratado del mundo porque los afectados no han recibido compensaciones por los daños causados. El representante legal de las víctimas ha recalcado que la talidomida se siguió vendiendo en España cuando se había retirado en Alemania sin que la farmacéutica hiciera nada para transmitirle a la sociedad que era "veneno".

"Se ha demostrado algo gravísimo y es que se siguió vendiendo talidomida una vez que se sabía que causaba malformaciones. La sociedad española tiene que saber esto; no se avisó a nadie, se siguió haciendo publicidad y se ha ignorado a los afectados españoles", ha agregado Martínez.

Según AVITE, se estima que en España hubo unas 3.000 personas afectadas por este fármaco, que en la década de los 60 fue utilizado para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas y que provocó numerosas discapacidades en los recién nacidos. De los afectados quedan vivos entre 500 y 1.000 si bien en el procedimiento están inmersas una veintena de personas.

Durante el juicio se han podido escuchar los testimonios de algunas de las víctimas, como Luisa, natural de Zaragoza, que ha relatado que su madre nunca supo la verdad de lo ocurrido. "Yo me enteré con 42 años que lo mío no era una malformación congénita. Mi madre siempre murió con la culpa de que ella era la causante", ha lamentado la afectada, quien ha añadido que, pese a las indemnizaciones que puedan recibir, el daño moral "no se repara".

Otra de las víctimas, José Ros García, con malformaciones en brazos y piernas, ha mostrado su deseo de que no solamente se reconozcan las indemnizaciones a los afectados, sino que también se sepa "el mal que llevamos encima, que ha sido un infierno, desde el nacimiento, con independencia de que unos lo hayamos sorteado mejor y otros peor".

Por su parte, la abogada de la farmacéutica ha asegurado que "a esta parte le conmueve y le emociona el sufrimiento humano", pero ha remitido las actuaciones al ámbito de la asistencia social, a través de la Fundación Contergán, que ha canalizado las indemnizaciones en Alemania. La letrada ha manifestado que no se ha aportado "ni un solo papel", como el certificado de nacimiento o la copia del DNI, para demostrar la fecha de nacimiento de los miembros de la asociación que sufren malformaciones.

Ha criticado a los demandantes por "ocultar" y "manipular" información básica, antes de subrayar que no es posible establecer una causalidad al cien por ciento entre las malformaciones congénitas en extremidades y la talidomida, porque habría que descartar otros factores. Este caso, ha remarcado, es "un ejemplo perfecto de la prescripción" por la dificultad de localizar documentación y por considerar "una injusticia" que se juzgue en 2013 un asunto de 1961.

Antes de las intervenciones de las partes, ha comparecido como testigo el representante legal de la farmacéutica Grünenthal, quien ha expuesto que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas", pero ha admitido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones. Durante su declaración, el representante legal ha insistido en que este fármaco se retiró a finales de 1961 ante las sospechas de que podía tener efectos secundarios y ha negado que se vendiera después de esa fecha.