Murcia también pone trabas para atender a parados e inmigrantes

Ser parado de larga duración o inmigrante sin recursos y recibir asistencia sanitaria pública en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular se está poniendo cada vez más difícil. Si el pasado día 18 se conoció que los residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en el paro habían visto cómo la Xunta bloqueaba sus tarjetas sanitarias, ahora es Murcia quien pone impedimentos a los desempleados de larga duración y a los inmigrantes sin recursos.

En el caso de los extranjeros, los integrantes de este colectivo han empezado a recibir cartas que, bajo el encabezamiento "cese del derecho a la asistencia sanitaria a cargo del Servicio Murciano de Salud", especifican lo siguiente: "Le comunico que tras comprobar que usted ha sido dado/a de alta indebidamente en nuestra base de datos como extranjero sin recursos económicos suficientes, mayor de 65 años, procedemos a darle de baja quedando sin efecto su tarjeta sanitaria". Acto seguido, según consta en las cartas enviadas (400 según el PSOE, sólo cinco según la Consejería de Sanidad), aconsejan al destinatario que solicite a la Seguridad Social "que se le incluya como beneficiario/a de algún familiar que se encuentre en situación de alta; posteriormente deberá acudir a su centro de salud para solicitar la tarjeta sanitaria con la nueva situación de aseguramiento".

Murcia sólo admite haber remitido cinco cartas, cuatro a inmigrantes

En lo que se refiere a los parados de larga duración que han agotado su prestación, son los centros de salud quienes comunican la anulación de la tarjeta y les remiten también a un familiar con quien darse de alta, aunque "de momento los ha dado de baja", según denunció ayer la diputada regional Teresa Rosique, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Murcia. La diputada sostiene que, de esta forma, el Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel "incumple" su propia resolución sobre la asistencia sanitaria a estos colectivos, de agosto de 2009. Rosique recuerda que, según aquella norma, los parados que han agotado sus prestaciones siguen teniendo garantizado el mismo tipo de servicios y prestaciones sanitarias que tenían reconocidas con anterioridad. "Es incomprensible que hayan incumplido su propia norma", dijo. Es más, tal como recordó ayer la propia Seguridad Social, la recientemente aprobada Ley de Salud Pública garantiza la universalización de la sanidad pública, lo que incluye a los parados que han agotado su prestación. Lo malo es que, en lo referente a este colectivo, entra en vigor el próximo 1 de enero, lo que según el PSOE está dando pie a gobiernos regionales como el de Murcia a retirar las tarjetas.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad de Murcia aseguraron a este diario que "no ha habido ningún cambio en la política de asistencia sanitaria" y que los dos colectivos citados "siguen teniendo los mismos derechos". Sólo admiten haber enviado cinco cartas como la citada cuatro de ellas a inmigrantes a personas en "situación de irregularidad", y con el fin de evitar un "fraude" a la Seguridad Social. "La asistencia no se pierde", recalcaron. En cuanto a los parados, las fuentes tildaron de "rumores" las noticias sobre la retirada de tarjetas por los centros de salud, pero no descartaron que esté ocurriendo. "No hemos dado ninguna orden, pero lo indagaremos", añadieron.

La Ley de Salud Pública garantiza la universalidad de la sanidad pública

La retirada de la tarjeta a los inmigrantes sin recursos fue duramente criticada por las ONG. "Si además de parado eres un parado inmigrante que tienes una vida con dificultades en otro país y encima te quitan tu tarjeta sanitaria, es un hecho totalmente discriminatorio; esta medida habría que llevarla a los tribunales", dijo Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. En la misma línea, Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo, señaló que "quitarle la tarjeta sanitaria a alguien, aunque sea una tarjeta para gente sin recursos, significa violar un derecho fundamental y habría que recurrir caso a caso", informa Paula Díaz.

Por otro lado, en el caso de Galicia, la Xunta "no ha solicitado" a la Seguridad Social el convenio que permite agilizar los trámites a la hora de emitir la nueva tarjeta sanitaria a los desempleados. Dicho acuerdo permite el acceso a la base de datos donde figuran los parados de larga duración, con lo que el proceso de expedición del documento es más rápido.

Las ONG creenque la retiradade las tarjetas es denunciable

Desde el 29 de septiembre, los usuarios que vivan en Galicia y que lleven más de un año sin cotizar a la Seguridad Social han de solicitar una tarjeta que los acredita como personas sin recursos o, de lo contrario, pierden temporalmente el acceso a la atención sanitaria gratuita. Este proceso puede demorarse entre seis y ocho meses.

Tras las denuncias de usuarios desempleados, que en la última semana se han enterado de que sus tarjetas habían sido desactivadas al acudir al centro de salud, el Ministerio de Trabajo insistió ayer que la Ley de Salud Pública "garantiza la universalidad de la sanidad pública", incluidos los parados que han agotado su prestación, y señala que con el fin de reducir las trabas burocráticas a los parados a la hora de obtener la nueva tarjeta, "las comunidades pueden firmar convenios de colaboración con la Seguridad Social". Según el Ministerio, es este acuerdo el que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no ha solicitado todavía pese a que pudo hacerlo "hace unos meses".

Sanidade lo niega y defiende que ha sido el Gobierno autonómico el que, al aprobar la orden de 5 de septiembre, se ha adelantado a la ley estatal y "de oficio" da garantía de cobertura y atención sanitaria a parados y personas sin recursos "cuatro meses antes que otras comunidades".

También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a hacer hincapié en que "desempleados y sin recursos" tienen garantizada la prestación sanitaria. Sin embargo, se mostró menos tajante a la hora de rechazar la fórmula del copago. Si hasta la fecha había desmentido que su Gobierno tenga intención de instaurarlo, ayer se limitó a manifestar que su experiencia en el sector "le desaconseja la fórmula de pago por consultas, pruebas diagnósticas o estancias hospitalarias". "La prioridad es mantener el sistema público universal de salud para que sea viable, que no quiebre, porque, de lo contrario, ya no hablaríamos de copago sino de pago completo", señaló a continuación.