Las tropas filipinas están hoy en estado de alerta, mientras varios miles de personas se manifiestan en diferentes áreas de Manila, para pedir la dimisión de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, a quien acusan de corrupción.

Antes del inicio de la protesta, que coincide con el 22 aniversario de la revuelta popular que provocó la caída del poder del ex dictador Ferdinand Marcos, la cúpula militar descartó la posibilidad de un golpe de estado y aseguró que apoya a la presidenta.

En un gesto de lealtad a la jefa del Estado, los mandos de las Fuerzas Armadas marcharon por una de las calles de la capital filipina, seguidos de varios miles de oficiales.

"Los policías y soldados estamos unidos con solidez al Gobierno", dijo el jefe de la Policía Nacional, Avelino Razón.

Unas horas después, cerca de 6.000 personas, entre ellas activistas de grupos de izquierdas, líderes de la Iglesia católica, y estudiantes, se manifestaban en otra parte de Manila, bajo la vigilancia de soldados y policías de unidades antidisturbios.

"Si a la gente no le gusta la presidenta, bien, es el momento de que se vaya", dijo el ex presidente Joseph Estrada, depuesto en 2001 por medio de una revuelta popular pacífica e indultado el pasado año tras haber sido condenado a cadena perpetua por corrupción.

Varios cientos de soldados provistos de armas, y apoyados por vehículos blindados y cuatro carros de combate, partieron a primeras horas de la mañana desde el cuartel general de las Fuerzas Armadas con destino a la zona metropolitana en la que tendrá lugar la protesta.

Los soldados, que vigilarán la marcha de la manifestación, pertenecen a un batallón formado por cuatro compañías de intervención rápida apoyadas por carros de combate, según señaló el jefe de la comandancia militar de Manila, general Fernando Mesa.

Macapagal Arroyo, admitió el pasado domingo que autorizó la firma de un contrato multimillonario de su Gobierno con una compañía china de telecomunicaciones, pese a que existían indicios de corrupción.

En declaraciones a una emisora local, la presidenta filipina dijo que fue advertida de esas posibles irregularidades la noche antes de que se firmara el contrato con la estatal china ZTE, por valor de 329 millones de dólares.

El pasado octubre, la presidenta se vio obligada a anular el acuerdo, firmado en julio durante una de sus visitas a China, tras conocerse que a su marido, José Miguel Arroyo, le fueron ofrecidos 70 millones de dólares para "facilitar" la concesión del proyecto a ZTE, compañía elegida para instalar una red nacional de internet por banda ancha.

La denuncia fue hecha por entonces presidente del Congreso, José de Venecia, cuyo hijo también aspiraba a la licitación pública, y el fraude fue confirmado ante la comisión de investigación del Senado por Rafael Lozada, uno de los ingenieros que participó en la negociación del contrato.

Según Lozada, el acuerdo se selló en unos 329 millones de dólares pese a que el coste real de los equipos no superaba los 70, y añadió que el esposo de la presidenta de Filipinas y el dimitido ex jefe de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, exigieron a ZTE un pago de 130 millones.

De Venecia, un antiguo aliado político de Gloria Macapagal Arroyo, fue destituido hace dos semanas de su puesto en una maniobra urdida, afirmó, por el entorno de la mandataria, cuya renuncia exigirán hoy diversos grupos opositores que han convocado multitudinarios actos de protesta en Manila.

Este caso es el último en una serie de escándalos de malversación de fondos públicos que han salpicado a la presidenta de Filipinas, uno de los países más corruptos del mundo, según la organización Transparency International.