Miles de jubilados han vuelto a echarse a la calle este domingo en más de cien ciudades de España por unas pensiones públicas dignas y revalorizadas conforme al IPC, por encima de la subida del 0,25% decretado para este año.

"Solo todos juntos podremos parar este terrible golpe que, aprovechando la situación de crisis y el momento de dificultad, han introducido", ha dicho el secretario general de UGT Pepe Álvarez en la manifestación de Madrid, en referencia a la reforma de las pensiones introducida en 2013.

En los últimos meses, desde finales de febrero de este 2018, han sido numerosas las movilizaciones y presiones políticas para que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los 8,7 millones de pensionistas del país. En esta ocasión, los sindicatos han distribuido un "Manifiesto en defensa del sistema público de pensiones" que concluía con los mensajes "¡No al 0,25%!", "¡Por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones!", "¡Derogación del factor de sostenibilidad!" y "¡Pensiones dignas ya!". El manifiesto denuncia que "determinados poderes económicos de nuestro país" han puesto en marcha "una campaña de desprestigio del sistema público de pensiones", promoviendo que "trabajadoras y trabajadores asuman sustituir parte de su cobertura con planes de pensiones privados".

Así, los convocantes tacharon de "electoralista" la reciente decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de supeditar el alza de las pensiones más bajas a que haya presupuestos. Además, piden la derogación del factor de sostenibilidad que entrará en vigor el próximo año y que vinculará el cálculo de las nuevas prestaciones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida.

Esta modificación se incluyó en la reforma de las pensiones de 2013, que, también eliminó la revalorización conforme a la inflación, estableciendo un alza mínima del 0,25% con una fórmula que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y que establece una subida máxima del IPC más un 0,50%.

A la presión de las calles se ha sumado con entusiasmo la oposición al Gobierno, poniendo en evidencia la minoría del Ejecutivo del Partido Popular en un tema muy sensible que podría convertirse en una amenaza electoral.

Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, unos tres millones de pensionistas españoles, alrededor de un tercio del total, cobra por todas sus pensiones menos de los 8.200 euros anuales que delimitan el umbral de la pobreza.