La decisión del gobierno de Texas de ejecutar este martes al preso mexicano José Ernesto Medellín ha unido a sectores diversos del país que buscan frenar su ejecución y exigen a Estados Unidos cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Las acciones de protesta, jurídicas y diplomáticas las realizan lo mismo familiares del sentenciado, organizaciones civiles y activistas como el Gobierno y el Congreso, pasando por la Iglesia católica de México.

Hace cuatro años un movimiento similar echó abajo la decisión de ejecutar al mexicano Osvaldo Torres en Oklahoma, cuyas autoridades conmutaron la pena capital por la cadena perpetua.

En el caso de Medellín, las esperanzas se han debilitado desde que el gobernador de Texas, Rick Perry, declaró que no acatará el fallo de la CIJ.

También porque es conocida su actitud de no ceder a las presiones en estos asuntos.

En 2006, pese a las peticiones de clemencia de México, Perry no concedió el perdón a Ángel Maturino Reséndiz, quien se convirtió en el sexto mexicano en ser ajusticiado en Estados Unidos desde 1976, cuando el Tribunal Supremo restableció la pena capital.

Varios de los que se han pronunciado ahora a favor de la cancelación de la condena, incluso familiares de Medellín, reconocen la culpabilidad del reo, que participó en la muerte de dos adolescentes, pero recuerdan que la CIJ ordenó que se revise este caso y el de 50 mexicanos más.

En 2004, la CIJ consideró en el llamado "caso Avena" que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte en todo el país a contar con ayuda consular cuando fueron detenidos.

Una tía de Medellín, Beatriz Salazar, afirma que estuvo mal "lo que hizo" José Ernesto, "pero eso de matarlo como que no".

"Queremos que lo dejen vivo, ahí encerrado para siempre, pero que no lo maten, mi sobrino es un ser humano", dijo a Efe Salazar.

El gobierno de México ha remarcado que Estados Unidos no ha cumplido con las obligaciones que la CIJ le marcó: revisar los casos y reconsiderar las condenas.

Los mexicanos son sensibles al tema en un país que excepcionalmente aplicó la pena de muerte en las primeras décadas del siglo pasado y que, curiosamente, no fue hasta diciembre de 2005 cuando formalizó la eliminación de la pena capital de la Constitución y del Código de Justicia Militar.

El politólogo Jorge Chabat dijo a Efe que la decisión de ejecutar a Medellín tiene que ver con la dinámica interna de Estados Unidos y su visión del lugar que ocupa en el mundo, de no ceder soberanía ante organismos internacionales.

"No es algo dirigido contra México, además las relaciones con México son buenas. Obedece a su lógica de potencia y a que no acepta directrices de la comunidad internacional", dijo.

También, opinó, Estados Unidos piensa que si estos presos cometieron un delito no debe perdonárseles.

El portavoz de la archidiócesis mexicana, Hugo Valdemar, dijo que la Iglesia católica condena esta medida, "máxime cuando la CIJ pide que se detenga la ejecución y se cumplan los acuerdos internacionales".

"No es la solución, por graves que sean los crímenes. Es una medida que habla del fracaso de la humanidad, porque no tenemos una manera de rehabilitar, y la única forma es suprimir la vida", agregó Valdemar.

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, dijo a Efe que si Medellín es ejecutado habrá "un deterioro para el derecho internacional".

Además, un Estado que incumple un fallo internacional "corre el riesgo de aislarse de manera progresiva", advirtió.

Del los 51 mexicanos del "caso Avena", Medellín es el primero en la lista, pero otros cuatro tienen fecha de ejecución.

La activista Elvira Arellano, que el año pasado fue expulsada de Estados Unidos y separada temporalmente de su hijo, nacido en aquel país, dijo a Efe que "ningún ser humano merece morir de esa manera".