Mercadona instiga la detención de los 'expropiadores' de hipermercados

El Ministerio del Interior ha anunciado este miércoles que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a "los responsables" de la expropiación alimentaria a dos supermercados -un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera- en los que participó el alcalde de Marinelada (IU) y parlamentario, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Un portavoz del Ministerio del Interior no pudo precisar a Público si entre esos responsables a los que se ha ordenado detener se encuentra el propio Gordillo, que antes de conocerse la noticia de la detención había anunciado que habrá nuevas acciones de este tipo.

Según Interior la orden de la detención de los 'expropiadores' parte de una denuncia presentada por Mercadona, uno de los supermercados afectados, ya que la intención del ministerio no era la de actuar de oficio, según precisaron las fuentes citadas. Pero la compañía guarda silencio. Una portavoz de la empresa no quiso confirmar a este diario si se había presentado ya la denuncia o no."Nos remitimos a lo que dijimos ayer, que Mercadona tiene la intención de denunciar ya que hay trabajadores que fueron agredidos. Pero no queremos entrar en más polémicas. Para nosotros este episodio terminó ayer", afirmó dicha portavoz.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de distribución (ANGED), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicio y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) hicieron público este miércoles un comunicado en el que condenan la acción liderada por Gordillo. "Expresamos nuestra más profunda condena ante los injustificables actos de violencia que sufrieron ayer diversos establecimientos comerciales en Andalucía organizados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)".

Las organizaciones patronales consideran que promover estas actuaciones "rompe los principios más elementales de la convivencia que deben presidir una sociedad democrática y desarrollada fundada en el Estado de Derecho" y recuerdan el "comportamiento profundamente solidario" de las empresas de distribución bajando los precios de sus productos a los ciudadanos en un momento de crisis económica y a través de los bancos de alimentos.