Matas dice que contrató a Nóos por "interés público"

El expresidente del Govern Jaume Matas ha puesto de manifiesto que "sólo el interés público" le orientó a la hora de que la Administración balear contratase con el Instituto Nóos de cara a la organización de los llamados Illes Balears Forum, cuyas dos ediciones tuvieron lugar en 2005 y 2006 en Palma y por las que la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin percibió 2,3 millones de euros públicos.

Mediante un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exministro, ejercida por el letrado Antonio Alberca, ha impugnado el auto por el que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, denegó la práctica de varias diligencias que solicitó para acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos foros sobre turismo y deporte celebrados en la capital balear.

Según el abogado, el "prestigio internacional de las entidades y personalidades" objeto de los interrogatorios y diligencias que quería que se practicasen, "permitiría acreditar la solvencia de los eventos y, por tanto, que fue sólo el interés público el criterio que orientó en todo momento a mi patrocinado".

De hecho, considera que el hecho de que el juez haya acordado tomar declaración a las personas radicadas dentro de España que solicitó Matas, pero no las que se encuentran fuera del país, "produce indefensión y vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes, así como a contar con las facilidades para preparar la defensa" del expresidente balear.

Es más, incide en que con los medios tecnológicos actuales y los instrumentos internacionales en los que España es parte "entendemos que no supone dilación para el procedimiento ni entraña ninguna dificultad recabar la documentación solicitada y practicar las testificales propuestas, máxime cuando en nuestra petición facilitamos en la mayoría de los casos las direcciones electrónicas, postales, teléfono y fax de dichas entidades y personas".

"Entendemos así que debe primar el derecho a un proceso con todas las garantías como el que se practiquen los medios de prueba lícitos tendentes a acreditar la inocencia, y dado que no pueden calificarse de inútiles ni perjudiciales las diligencias documentales y testificales propuestas, debe accederse a las mismas", abunda la defensa del exmáximo mandatario autonómico.

Por el contrario, el magistrado sí acordó en el auto recurrido la citación de 25 nuevos testigos en el marco de esta causa, entre quienes se encuentra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart. Varios de ellos han sido emplazados a comparecer en los Juzgados de Via Alemania los días 11 y 12 de junio, mientras que ha librado distintos exhortos a los Juzgados de Valencia, Madrid y Barcelona para que fijen las fechas de cara a la práctica de los interrogatorios.

Diligencias para aclarar el sistema de control de la legalidad

Con estas declaraciones, la defensa de Matas quiere aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto determinen si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a los anteriores convenios.

El abogado del exministro cursó esta petición mediante un escrito en el que solicitaba además al juez que indague en torno al convenio de colaboración suscrito en 2008 para que el artista mallorquín Miquel Barceló realizase una obra pictórica en la cúpula del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, cuyo coste ascendió a unos 20 millones de euros, a fin de compararlo con los foros sobre turismo y deporte que sufragó el Govern de Matas.

Mediante un extenso escrito al que tuvo acceso Europa Press, el letrado reclamaba además que el magistrado requiriera al Ejecutivo el convenio suscrito entre la Administración balear, Sa Nostra y la Fundación Onuart por el que fue encargado el proyecto al pintor, y que el abogado considera "una prueba más de la utilización de la figura del convenio de colaboración por el Govern balear". Una diligencia que, no obstante, ha sido este viernes denegada por el juez, si bien ha incorporado a la causa documentación relativa a los foros.

1,2 millones de euros por el primer foro y 1,1 por el segundo

 

Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.