El president de la Generalitat, Artur Mas, no participará en la cadena humana para la independencia, aunque recibirá el 11 de septiembre una delegación de los organizadores para dar apoyo a la iniciativa, y ha decidido dar libertad a los consellers para acudir a la misma, convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con motivo de la Diada y con la que aspira a cruzar Catalunya de norte a sur a lo largo de más de 400 kilómetros.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, el consejero de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha explicado que Mas sí recibirá a una delegación de la ANC para mostrarle que el Ejecutivo observa 'con sentido positivo' la iniciativa.

El Consell Executiu ha acordado también actuar como en la manifestación de la Diada de 2012 favorable a un Estado propio para Cataluña y dar libertad de acción a los consejeros para que acudan a la cadena si quieren.

Así lo ha anunciado este martes el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la conferencia de prensa posterior a la primera reunión del ejecutivo tras el parón veraniego, en la que ha remarcado que es 'importante que cada uno haga su papel' el día de la Diada.

'El protagonismo en esa fecha le corresponde a la gente del país', ha dicho HomsHoms ha precisado que Mas, 'atendiendo a su rol institucional' de presidente de la Generalitat, recibirá a los miembros de la ANC  para expresar 'la valoración positiva' que el Govern hace de esta iniciativa.

'Los políticos debemos actuar en consecuencia, pero el protagonismo en esa fecha le corresponde a la gente del país', ha subrayado Homs, quien no ha aclarado si él participará en la Vía Catalana ni cuántos consellers irán: 'Cada cual hará (lo que le parezca), como pasó el año pasado -en la manifestación por las calles de Barcelona-, pero creo que es secundario quién vaya del Govern', ha agregado.

El portavoz gubernamental ha recordado que el ejecutivo catalán no ha convocado la cadena humana, sino que es una iniciativa de la sociedad civil que, sin embargo, el Govern valora positivamente y en la que espera que participe 'cuanta más gente mejor'.

Algunos miembros del ejecutivo ya han manifestado su predisposición a participar en la Vía Catalana, como es el caso de los titulares de Justicia, Germà Gordó; Empresa y Empleo, Felip Puig, o Cultura, Ferran Mascarell.

El Govern ha aprobado este martes la Ley de acción exterior catalana con la que pretende definir los principios rectores de la actuación internacional de Catalunya adecuándose al marco legislativo vigente pero 'pensando en un país que quiere ser libre'.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, el conseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha explicado que esta norma es una de las 'piedras angulares' de esta legislatura para el Ejecutivo de Artur Mas, y ha confiado en que cuente con el máximo consenso del resto de partidos.

'Es una ley que está hecha con los pies en el suelo pero con una mirada de ambición hacia el futuro pensando en un país que quiere ser libre', ha defendido el consejero, que en marzo ya anunció en el Parlamento que el Gobierno catalán trabajaba en el redactado de esta norma, que parte de las competencias en materia exterior contempladas en el Estatut.

La nueva ordenación prevé establecer mecanismos de coordinación entre los departamentos del Gobierno catalán, el Parlamento y las entidades locales para maximizar el posicionamiento de Catalunya en el ámbito internacional, la reforma del actual marco de las comunidades catalanas en el exterior y favorecer la internacionalización de la economía catalana dando visibilidad a la acción de las delegaciones y la red de oficinas de la Generalitat.

Homs ha remarcado que la norma pretende también 'enfocar y entender la presencia exterior como algo que rebasa los gobiernos y las administraciones', y regular la participación de Cataluña en organismos internacionales y en redes de cooperación territorial.

En cuanto a la posibilidad de que el Estado tenga la última palabra sobre los acuerdos internacionales de las autonomías con la nueva Ley de Tratados, ha advertido de que no se respetaría el reparto de competencias si el Gobierno central se otorga la capacidad de revisar los acuerdos internacionales de las autonomías en aquellos aspectos sobre los que pueden actuar.

'Si quieren hacer controles previos, deberían reformar la Constitución', ha continuado Homs, que ha avisado de que el único autorizado para hacer este tipo de controles es el Tribunal Constitucional (TC)