Martínez dice que "si era un secreto a voces, todos estábamos sordos"

La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha afirmado hoy que si la supuesta trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento "era un secreto a voces, todos estábamos sordos" y ha asegurado que el Gobierno municipal es "el primer interesado en que no quede ningún funcionario deshonesto".

En su comparecencia ante el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid que hoy trata las consecuencias de la Operación Guateque, Martínez ha sostenido que "la lucha contra la corrupción es una tarea colectiva que llama todos" y ha opinado que "la ciudad de Madrid debe estar muy agradecida al ciudadano que denuncio el caso".

Además, ha acusado al PSOE de "jugar en clave de política nacional", "alargando el asunto para desgastar" al PP, en una "estrategia marcada desde Ferraz" y que "demuestra lo torpes que son".

Frente a la afirmación, repetida hoy en este Pleno por el concejal socialista Pedro Sánchez, de que "lo ocurrido era un secreto a voces", Martínez se ha preguntado dónde estaban entonces, no sólo el Gobierno municipal, al que la oposición acusa de una responsabilidad "in vigilando", sino otros muchos.

Entre los que tendrían que haber tenido conocimiento de los supuestos hechos ilegales ahora destapados si realmente fueran "un secreto a voces" ha mencionado a los sindicatos, las asociaciones de empresarios, las asociaciones profesionales, los medios de comunicación, los ciudadanos presuntamente extorsionados y los grupos municipales, que ni denunciaron ni pidieron comparecencias como la suya hoy ni comisiones de investigación.

Pilar Martínez ha citado al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para subrayar que detrás de la Operación Guateque "no se encuentra un caso de corrupción urbanística, ni es un caso que tenga ramificaciones con el Caso Malaya ni en el que estén implicados políticos ni cargos de confianza, porque de ser así ya estarían cesados".

"Más bien se trata de un caso circunscrito a la tramitación de licencias", ha continuado la cita, antes de decir que los funcionarios de su área supuestamente implicados, de los que "sólo dos están imputados", "ocupan una posición baja en la escala administrativa" y tienen una antigüedad "notable", ya que el de más reciente incorporación es de 2003.

La responsable del área de Urbanismo ha defendido ante el Pleno que la modificación de la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias en diciembre de 2004 ha dado sus frutos, ya que en 2006 el 95% de las 3.005 licencias solicitadas en su departamento fueron concedidas en menos de un año y los plazos se acortaron en algunos casos en más de un 80%.

Como ejemplos puso que las licencias de Primera Actividad se han reducido desde 2004 de 132 a 72 días y las de Ocupación de 376 a 69 días.

De todas formas, ha adelantado que la Ordenanza será revisada "para incorporar las mejoras observadas en estos tres años" y que se están estudiando "varias posibilidades no excluyentes entre sí", una de ellas abrir una "ventanilla de ayuda al ciudadano" en la tramitación de licencias.

Sin embargo, se ha detenido especialmente en otra de las iniciativas ya anunciadas por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón: aprobar un sistema de autoconcesión de licencias vigilado por una entidades certificadoras.

En este sistema, las licencias serían gestionadas por entidades públicas o privadas homologadas por la Comunidad de Madrid, que revisarían el proyecto y certificarían que se ajusta a la Ordenanza, dando en ese caso al solicitante un volante que permitiría el inicio de las obras.