Este artículo se publicó hace 11 años.
Madrid da luz verde a pliegos para la privatización de seis hospitales
El texto definitivo rebaja 12 euros la cápita media –el gasto por ciudadano– que se fija en los 484 euros, pero Afem dice que "no salen las cuentas"
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este martes luz verde a los pliegos para la privatización de la gestión de los seis hospitales públicos (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Sureste, Henares y Tajo) sin hacer modificaciones importantes al borrador inicial salvo una ligera rebaja de 12 euros en la cápita media –el gasto por ciudadano– que se fija en los 484 euros frente a los 496 iniciales.
Así lo ha señalado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, en rueda de prensa, donde ha explicado que esta reducción responde a una "cuestión puramente técnica" puesto que en el primer borrador se estableció la cápita media sobre el coste atendiendo al año 2012 y en esta "segunda versión" se ha calculado con el gasto real de los años 2011 y 2012.
"Al ser dos años es más difícil que se produzca una alteración", ha explicado Victoria, quien ha considerado que con este nuevo cálculo se produce un "reflejo más real". En "breves días", ha añadido, se publicarán los pliegos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en junio se prevé que estén adjudicados los concursos y que en septiembre las empresas empiecen a gestionar.
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), uno de los problemas que a su juicio se agravaban con los nuevos pliegos de condiciones era, precisamente, la cápita que recibirán las concesionarias. En su opinión, los números "no cuadran" con los que se manejaban inicialmente en el Plan de Sostenibilidad, donde se barajaba una cápita de 441 euros por habitante.
Preguntado por si las sugerencias de los profesionales de los hospitales afectados, organizaciones sindicales y colegios han llevado a la modificación de algún punto, Victoria ha explicado que se ha seguido la "tramitación lógica" con los servicios jurídicos y la Consejería de Hacienda, que en el contenido "esencial" no se ha producido "cambio" alguno y que con ellos se "garantiza" la calidad asistencial, la asistencia gratuita y los puestos de trabajo.
No obstante, el cambio más destacado ha sido el de las cápitas de los centros, que son los precios que abona anualmente la Administración a las concesionarias por cada habitante, y que se han modificado según un informe de la Consejería de Hacienda.
En el mismo, se señala que el cálculo se consideraba adecuado, con la salvedad de que, en la cantidad elaborada por la Consejería de Sanidad se había tenido en cuenta el gasto correspondiente únicamente del ejercicio 2012. La Consejería de Hacienda ha estimado oportuno que se utilicen como base de cálculo dos ejercicios presupuestarios, es decir, el gasto real de 2011 y 2012.
La cápita oscilará entre los 448 y los 549 euros en función del tamaño de los cinco grupos en que se licitarán los hospitales
La cápita oscilará entre los 448 y los 549 euros en función de una serie de parámetros, vinculados fundamentalmente al tamaño de cada uno de los cinco grupos en que se licitarán los seis hospitales.
Así, la cápita del Hospital del Sureste será de 450 euros; la del Infanta Sofía, 448; el grupo hospital del Tajo con el Infanta Cristina (Parla), 493; la del Infanta Leonor de Vallecas, 549, y, finalmente, el Hospital del Henares en Coslada, 481. La cápita media es, por tanto, de 484 euros.
Además, las sociedades concesionarias abonarán un canon cercano a 28 millones de euros al año a la Comunidad de Madrid por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición, incluyendo los centros de especialidades.
La cápita engloba todas las prestaciones de la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, con la excepción de los trasplantes y algunos servicios accesorios. Como la población de Madrid puede ejercer la libre elección, cuando un paciente del ámbito de influencia del hospital concesionado sea tratado en otro hospital de la red pública, la sociedad concesionaria abonará a la Comunidad de Madrid el cien por cien del coste del proceso. Si ocurre lo contrario, la adjudicataria recibirá el 90% del coste, recogido en la orden de precios públicos.
Dando cabida a observaciones y sugerencias de los profesionales, se ha incluido que se valorará positivamente en el Plan Asistencial las propuestas que se hagan en relación a media y larga estancia, a hospital de día psiquiátrico, promoción de la diálisis peritoneal y que haya relación con el Centro de Transfusión para el abastecimiento de sangre. También se ha fijado la necesidad de cumplir con la normativa de protección radiológica.
Asumir a todo el personalLas concesionarias que gestionarán los seis hospitales tendrán que asumir todo el personal sanitario que presta sus servicios para estos hospitales (alrededor de 5.200). De esta forma, la Comunidad asegura que se garantizarán los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios de los Hospitales Infanta Cristina (Parla), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Hospital del Henares (Coslada), del Tajo (Aranjuez) y del Sureste (Arganda).
Las concesionarias tendrán que asumir todo el personal sanitario, unos 5.200, que presta sus servicios para estos hospitalesEn concreto, el personal con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud –su salario se descontará a la concesionaria–, pedir una excedencia especial (que permite el reingreso en cualquier momento) e integrarse en la plantilla de la concesionaria, o solicitar su traslado a otro hospital.
Por su parte, el personal laboral de las empresas públicas podrá integrarse en la concesionaria manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales. Para el personal interino y eventual, que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria.
Cada empresa, un máximo de tres hospitalesEn lo referente al concurso, la Comunidad ha establecido que una misma concesionaria sólo podrá gestionar como máximo tres hospitales y sus centros de especialidades asociados, con una vigencia de 10 años. Para ello, los hospitales se dividirán en cinco grupos, uno por cada hospital excepto el del Tajo que por su menor tamaño concurrirá junto al Infanta Cristina.
Los licitadores, que tendrán que acreditar una experiencia de cuatro años de gestión sanitaria, podrán presentar oferta a uno, a varios o a la totalidad de los cinco grupos de hospitales, expresando el orden de sus preferencias, aunque sólo podrán salir adjudicatarias como máximo en dos de ellos. En la práctica esto significa que un mismo grupo podrá gestionar como máximo tres hospitales sólo en el caso de que ganara el concurso del lote en el que va unido el hospital Infanta Cristina y el del Tajo, y alguno de los otros cuatro restantes.
En los pliegos, se fija que la oferta técnica tendrá el mismo peso que la económica. En la técnica, la Comunidad primará la presentación de un plan asistencial y de gestión sanitaria así como la inclusión de personal sanitario en el accionariado de la sociedad.
Auditorías para vigilar la calidadAdemás, la Comunidad ha asegurado que se someterá a las concesionarias a un control exhaustivo para garantizar la mayor calidad asistencial en estos hospitales. Para ello, los pliegos de condiciones recogen medidas como la creación de una Comisión Mixta de seguimiento entre la Consejería y la gestora; la puesta en marcha de la figura de Director General de Seguimiento y Control de los centros sanitarios de gestión indirecta, que tendrá a su cargo a representantes de la administración que estarán en cada uno de los hospitales de gestión indirecta, y la obligación de que estos centros hospitalarios presenten planes de calidad anualmente.
Del mismo modo, se realizarán auditorías para comprobar que se están cumpliendo los indicadores marcados de calidad asistencial y de seguridad del paciente fijados por la Administración. La Consejería de Sanidad también establecerá indicadores específicos que podrán ser revisados y modificados por la Administración cada dos años y para verificar que todo transcurre con normalidad, la Administración realizará con carácter anual auditorías de calidad y actividad.
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