La lucha de los asesinos por mantenerse en el anonimato

Existe una historia que estuvo oculta durante al menos 40 años, la de la represión franquista, que quien la sufrió quiere contar. Desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, ha habido serios intentos de ponerle presas al torrente de la memoria de aquellos que han tratado de decirla con nombres y apellidos. El historiador extremeño Francisco Espinosa ha documentado en Callar al mensajero (Editorial Península), un libro de próxima aparición, 12 casos en los que familiares de participantes en la represión franquista han tratado de ponerle una mordaza, en algunos casos con el amparo de los tribunales de la España democrática, a quienes historiadores, periodistas, documentalistas, maestros y testigos se han atrevido a pedir la palabra.

Fernando Ruiz Vergara, en la película documental sobre la romería llamada Rocío, rodada en 1977, dio voz a un vecino de Almonte (Huelva), Pedro Gómez Clavijo, quien contó a la cámara que una banda de criminales había urdido la represión franquista en su pueblo. Y da el nombre de José María Reales. Su familia, quien lo consideraba "un caballero español", interpuso una querella contra Ruiz Vergara, la guionista y el mismo Gómez Clavijo.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 1984, cuyo ponente fue el magistrado Luis Vivas Marzal entusiasta defensor del régimen franquista, según tiene documentado el antropólogo Ángel del Río ordenó censurar la secuencia en la que Gómez Clavijo identificaba a Reales, y condenó a su director a una indemnización de diez millones de pesetas de entonces. La película sigue hoy censurada. Se emitió en los años 90 en TVE y Canal Sur sin mención alguna a la censura.

"Ese fue el primer caso importante. Fue un aviso para todos los que estábamos metidos en la investigación de la represión. Un aviso de la derecha permanente española. Y al final lograron una pena ejemplarizante", argumenta Espinosa en una entrevista con Público. El caso truncó la carrera de Ruiz Vergara, quien abandonó España y se autoexilió en Portugal. "La derecha española estaba acostumbrada a que la única historia que circulaba fuera la suya y cuando empieza a ver que hay otra gente que cuenta otra historia no la acepta. Y lo logra porque en la Transición, en vez de permitir hablar a los vencidos, la reconciliación equivale a olvido. Y la Ley de Amnistía de 1977 borra el tema de la represión. Se olvidan todos los crímenes en relación con los derechos humanos", remacha Espinosa.

La justicia democrática no resuelve el asunto de la publicación de los nombres de los asesinos (y las demandas correspondientes) hasta el año 2004. "Hace muy poco", aduce Espinosa. La prominente familia catalana Trias Sagnier había demandado a la periodista Dolores Genovés y a la televisión pública por la emisión en 1994 del reportaje Sumaríssim 477, en el que se hacía una semblanza biográfica del político catalán Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democràtica de Catalunya en la II República, que fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a pena de muerte. En el programa se aludía dos veces a Carlos Trias Bertrán, padre de los recurrentes, quien declaró entonces contra Carrasco.

El Tribunal Constitucional emitió diez años después una sentencia, cuyo ponente fue la actual presidenta, María Emilia Casas Bahamonde, en la que elimina de un plumazo la mordaza (a pesar de algunos jueces) y defiende que "la posibilidad de que formemos nuestra visión depende de la existencia de una ciencia histórica". Y remacha: "El ejercicio de la jurisdicción en la garantía de los derechos fundamentales no sirve para enjuiciar la historia y menos aún para cambiarla o silenciar sus hechos".

El delgado hilo de la historia arroja extrañas situaciones. Uno de los miembros de la familia Trias Sagnier se llama Jorge. Es abogado. En uno de los casos que logró la condena del nazi belga Léon Degrelle, quien vivió (y murió en 1994) en España amparado por Franco. A mediados de los años 80, Degrelle declaró: "Si hay tantos judíos ahora, resulta difícil de creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Falta un líder, aquel que podría salvar Europa, pero ya no surgen hombres como el Führer". Violeta Friedmann, una judía húngara, lo leyó y le demandó, con la ayuda de Trias Sagnier.

Espinosa también da cuenta de este caso. "Lo he hecho porque muestra el doble baremo. En España se podía condenar a un nazi y, sin embargo, a un fascista, con cosas aún más graves no se le podía ni nombrar", argumenta. ¿Qué explicación existe para el dilema? "En Alemania, el nazismo pierde. En España el fascismo gana responde el historiador y se perpetúa y no hay ruptura, el propio franquismo se transforma en democracia. Y desde la Transición se ha avanzado lentamente en el apartado de la verdad histórica. El caso de Garzón fue un cierre. La derecha española no podía consentir que eso se hiciera. La derecha judicial forma parte de la derecha española y cortó de raíz en un mes y medio la iniciativa".

Aún hay magistrados que actúan. En septiembre de 2006, un juez de primera instancia de Cambados (Pontevedra) ordenó cerrar como medida cautelar una web en la que estaba colgado el testimonio de Ramón Garrido, ya fallecido, en el que se hacían referencias directas a Joaquín Álvarez, alcalde de O Grove (Pontevedra), durante la dictadura de Primo de Rivera y, luego, durante la franquista, imputándole vox populi que se dedicaba a realizar listas de paseados. El juez consideró que Garrido se basaba sólo en rumorología y dictó la clausura. "Los testimonios orales cobran valor especial teniendo en cuenta que los archivos de Falange fueron destruidos y los archivos principales están esquilmados. Por eso, la historia oral ha estado recibiendo palos desde el principio", dice Espinosa. "Reivindico en el libro que la gente debió tener derecho a contar su vida y hacer una historia con nombres y apellidos".