El abogado del máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha recurrido la admisión a trámite de una denuncia de la Fiscalía por su gestión del club y ha denunciado que la juez ha emprendido una "inquisición general" contra él, en la que además ha vulnerado el obligado secreto judicial.

El defensor de Lopera ha alegado ante la Audiencia de Sevilla ocho motivos de nulidad o indefensión del auto por el que la juez de instrucción 6 incoó diligencias por un delito societario, según denuncia de la Fiscalía a instancia del grupo Béticos por el Villamarín (BPV).

Dicha denuncia imputaba a Lopera un delito societario por "descapitalizar" el Betis "en beneficio propio o de terceros" y "con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho", según la Fiscalía.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa considera "singularmente grave" el hecho de que la juez haya decidido informar sobre esta causa al Consejo Superior de Deportes, cuyas funciones son administrativas y "absolutamente ajenas al proceso penal".

La defensa pide a la Audiencia Provincial que anule tal decisión, con la que la juez podría incluso incurrir en responsabilidad penal, pues la ley le ordena guardar secreto sobre los asuntos que tramita.

Lopera denuncia que la juez ha emprendido una "inquisición general" cuyo objetivo es analizar todas sus actividades empresariales desde 1998 "para ver si encuentra algo".

Además, siente que ha sufrido indefensión y que el auto de incoación de diligencias contiene un "vicio de nulidad radical" al no contener, ni en su apartado de "Hechos" ni en el de "Razonamientos Jurídicos" "ni una sola palabra" que permita averiguar cuales son los indicios de gestión irregular del Betis.

"El derecho fundamental a la tutela judicial exige dar ocasión a las personas contra las que se abre un procedimiento penal a combatir las razones por las que un juez ha tomado esa decisión", dice el recurso.

Entre los ocho motivos de nulidad, la defensa argumenta que la Fiscalía "no está legitimada" para denunciar en nombre de la totalidad de socios del Betis, porque la ley exige que lo hagan "los directamente agraviados".

La juez consideró subsanada tal deficiencia por la querella posterior de Béticos por el Villamarín, pero la defensa argumenta que no es lo mismo "agraviados" que "asociación de agraviados" y que esta agrupación, que aglutina al 5 por ciento de las acciones del club, "no ha sufrido menoscabo económico alguno" por la gestión supuestamente irregular del club.

La defensa dice a la Audiencia que el Betis ha entregado al juzgado todas sus cuentas de los últimos 12 años, y "todavía no es posible conocer qué busca con su investigación la instructora".