La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha mantenido este martes una reunión con representantes de 11 entidades financieras en la que les ha reclamado que paralicen los desahucios en la Comunidad 'con carácter urgente' hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el levantamiento o no de la suspensión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, 'una herramienta que estaba protegiendo de manera eficaz un derecho humano sistemáticamente vulnerado'.

'El decreto ley protegía el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andalucía', ha subrayado Cortés, quien pide a las entidades que 'se sumen al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda'.

A la reunión también han acudido Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y Antonio Ibáñez, director general de Vivienda, así como representantes del Grupo Santander, Caixabank, Unicaja, BBVA, Banco Sabadell, CajaSur, Caja General de Ahorros de Granada, Cajamar, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Caixanova Galicia y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo.

Cortés indica en una nota que 'el recurso presentado por el presidente del Gobierno ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a incontables familias en Andalucía. Ante situaciones excepcionales, como la suspensión de este Decreto Ley, es urgente adoptar soluciones igualmente excepcionales', ha señalado la consejera, que ha remarcado durante la reunión 'el firme compromiso del Gobierno andaluz de continuar defendiendo con toda su fuerza democrática el derecho a la vivienda' y ha recordado que la norma andaluza se está tramitando actualmente como Proyecto de Ley en el Parlamento.

La consejera ha recordado que el decreto ley 'protegía el derecho a la vivienda de incontables familias en Andalucía, que ahora han quedado en situación de desprotección'.

Cortés ha citado las 18 familias acogidas a la expropiación temporal del uso de las viviendas que les habían sido embargadas, cuyos desahucios habían sido evitados gracias a la norma; a las cientos que habían solicitado beneficiarse de esta medida en los primeros tres meses en vigor de la misma; y en general a 'todas las personas en proceso de desahucio' en Andalucía.

'El decreto ley servía, era eficaz y protegía el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andalucía, porque ejercía un efecto disuasorio sobre las entidades financieras', ha afirmado Cortés, que ha alertado de que, al estar en suspenso la norma, 'es radicalmente injusto que se sigan produciendo desahucios en Andalucía'.

Cortés ha instado a las entidades financieras presentes a adherirse mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, 'una herramienta útil que lleva frenando desahucios desde octubre en todas las provincias'. Hasta el momento ninguna entidad financiera ha firmado ningún convenio ni se ha adherido a dicho programa, según indican desde la Junta.

La consejera ha resaltado el 'enorme valor político' que tiene el hecho de que 215 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se hayan adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. 'Este bloque político e institucional contra los desahucios, que está dando un excelente resultado, se vería enormemente fortalecido por la adhesión de las entidades financieras', ha remarcado la consejera.

Este convenio que se ofrece a dichas entidades permite a las familias que actualmente son incapaces de hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la fórmula del alquiler con opción a compra. Además contempla una serie de alternativas para evitar en última instancia el desalojo, como la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario (ampliación del plazo de carencia o del plazo de amortización) o la dación en pago. Las cajas y bancos firmantes del documento se comprometen, igualmente, a no iniciar reclamación judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada.

'No vamos a arrojar la toalla. Y entendemos que todos, también las entidades financieras, deben estar a la altura de unas circunstancias críticas y extraordinarias', ha señalado Cortés.