Una jueza investiga una querella por estafa contra Nueva Rumasa

La jueza de instrucción número 54 de Madrid lleva diez meses investigando la venta de acciones de un socio de la promotora inmobiliaria Gestesa Desarrollos Urbanos, a quien en 2006 lanzó una oferta de compra Nueva Rumasa SL. Mascarón de proa de los Ruiz Mateos, Nueva Rumasa no llegó a adquirir los títulos: los otros dos accionistas de Gestesa igualaron la oferta del grupo jerezano (22 millones de euros), ejercieron su derecho de adquisición preferente e impidieron la entrada de Nueva Rumasa.

Aun así, los Ruiz Mateos recibieron del socio vendedor un pago de 2,1 millones de euros. Y ahí radica la clave de la investigación, abierta tras la querella por estafa interpuesta en marzo de 2009 por José Antonio Choclán, abogado de los propietarios de Gestesa, Javier Heredia y Juan Sánchez. Los querellantes creen que Nueva Rumasa realizó un otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de un tercero, castigada en los artículos 248 y 251 del Código Penal.

El pago de una presunta comisión de 2,1 millones, clave de la investigación

Entre los imputados figura Pablo Ruiz-Mateos, hijo del fundador de la saga, directivo de Nueva Rumasa y quien declaró ante la jueza el pasado 3 de febrero.

La Abogacía del Estado se acaba de personar en las diligencias como acusación. Y la fiscalía se ha opuesto por dos veces al levantamiento de las medidas cautelares dictadas por la jueza. En virtud de esas medidas han quedado bloqueados los pagos que Gestesa tiene pendientes (se han satisfecho 13,08 millones) con el vendedor de las acciones, Juan Francisco López, igualmente imputado. Los querellantes han pedido ya la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio.

Nueva Rumasa define la querella como "una mera artimaña para dejar de pagar" los plazos acordados en marzo de 2006 por Gestesa y López. "Tres años después de que presentáramos nuestra oferta, de que la rechazaran y de que se hicieran con el 100% de las acciones, y cuando el mercado inmobiliario ha caído, se han decidido a interponer la querella", subraya Pablo Ruiz-Mateos. Esos tres años transcurridos entre la venta de acciones y la interposición de querella fueron, según los denunciantes, los necesarios para averiguar por sus propios medios el pago de comisiones. Según los querellantes, López negó en su primera declaración judicial que existieran pagos a los Ruiz-Mateos. El entorno de López replica que, en realidad, nadie le preguntó por ellos.

Pablo Ruiz Mateos ya declaró como imputado en un juzgado de Madrid

Oferta ante notario

La oferta de Nueva Rumasa se formalizó ante notario en enero de 2006, después de que los otros dos accionistas de Gestesa hubieran ofrecido al tercero nueve millones por sus participaciones, representativas del 33,3% del capital. Según el entorno de Juan Francisco López, en una situación de enfrentamiento interno en Gestesa, sus antiguos socios comenzaron ofreciendo sólo tres millones. "Y pagaron 22 porque sabían que las acciones valían eso y más. Es absurdo que alguien diga que lo pagó para evitar que entrara Nueva Rumasa", aseguran.

Los argumentos de Gestesa son estos: que la oferta de compra de acciones era ficticia y que, con ella, Nueva Rumasa buscaba sólo disparar el precio del paquete en venta, forzar a los otros socios a elevar su puja y obtener, finalmente, una comisión "ilegal": los 2,1 millones que el socio vendedor, Juan Francisco López, le pagó después de que sus antiguos compañeros en el consejo de Gestesa accedieran a entregarle 22 millones para así evitar el desembarco de los Ruiz-Mateos.

La comisión se pagó a Hispacom, otra sociedad controlada por los Ruiz Mateos

Nueva Rumasa, por el contrario, defiende la estricta legalidad de la comisión. Se cobraron los 2,1 millones, asegura Pablo Ruiz-Mateos, en aplicación de una cláusula de penalización contenida en el contrato privado firmado con Juan Francisco López.

De la existencia de ese contrato, cuya autenticidad niegan los querellantes, nada se supo hasta que Juan Francisco López prestó declaración judicial por segunda vez, en noviembre de 2009. Hasta ahora, sólo se ha aportado a la jueza una fotocopia del documento. Nueva Rumasa se declara dispuesta a aportar el original, del que, al parecer, sólo hay un ejemplar y no dos.

Penalizaciones

La jueza ha dictado medidas cautelares contra el criterio de Nueva Rumasa

Tanto Nueva Rumasa como López admiten que el contrato privado que ambas partes esgrimen en su defensa establecía penalizaciones sólo para el vendedor. Es decir, López compensaría con 2,1 millones a Nueva Rumasa si, por razones ajenas a la voluntad del ofertante, las acciones iban a otras manos, como en efecto ocurrió. Pero si Nueva Rumasa decidía finalmente no hacerse con los títulos, López no tendría derecho a ninguna indemnización. Nueva Rumasa sostiene que, como cualquier acuerdo, este dependía de la voluntad de sus firmantes.

Los denunciantes aducen que el contrato privado se fabricó como coartada una vez avanzada la investigación judicial. Y alegan que un pacto de esas características resulta imposible porque vulnera la más elemental lógica jurídica.

Al ser Gestesa una sociedad limitada, exenta de negociación en bolsa, no hay mecanismo indiscutible para fijar el valor de mercado que posee una acción. En sus cuentas de 2006, Gestesa reflejó fondos propios por 43,5 millones. Nueva Rumasa, por 1,1 millones. ¿Eran 22 millones un precio excesivo para unas acciones que, en 1995, habían costado un millón? Pablo Ruiz-Mateos contesta, rotundo, que no: "No lo es en una sociedad que tenía 200 millones en activos".

La comisión pagada por Juan Francisco López no llegó a las arcas de Nueva Rumasa sino a una cuenta que figuraba a nombre de la sociedad Hispacom Proyectos SA. Antigua filial de Jotsa, Hispacom está controlada por los Ruiz-Mateos. Fuentes cercanas a López dicen que en el contrato privado, Nueva Rumasa se reservaba la cesión de sus derechos a un tercero. Y ese tercero fue Hispacom, que en 2006 sólo contabilizó dos ingresos: uno de 41.000 euros y los 2,1 millones de López.

Una compraventa de acciones bajo sospecha

Gestesa: tres socios 

La empresa Gestesa Desarrollos Urbanos tenía tres socios: Javier Heredia, Juan Sánchez y Juan Francisco López. Los dos primeros pactaron comprar al tercero su 33,3% de capital por nueve millones. 

Nueva Rumasa: una oferta muy jugosa 

En enero de 2006, Nueva Rumasa realiza ante notario una promesa de compra de las acciones de López por importe de 22 millones. Para evitar la entrada de los Ruiz Mateos, los otros dos socios de Gestesa ejercen el derecho de adquisición preferente igualando el precio ofertado por Nueva Rumasa. 

Pago a Hispacom: 2,1 millones de euros 

Juan Francisco López, cuyas acciones pasaron de valer 9 a 22 millones de euros, abona 2,1 millones a la empresa Hispacom, controlada por los Ruiz Mateos.  

Objeto del pago: ¿comisión o penalización? 

Los Ruiz Mateos y Juan Francisco López argumentan que el pago de los 2,1 millones de euros obedece al contrato firmado entre ambas partes, que preveía una penalización por ese importe en caso de que Nueva Rumasa no adquiriese finalmente las acciones. Los querellantes (Heredia y Sánchez) denuncian que todo fue una oferta simulada para elevar el precio de las acciones y que los 2,1 millones son la comisión que López abonó a los Ruiz Mateos.