La jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo no vendrá a España

Las víctimas del franquismo y sus familiares tendrán que seguir esperando para poder cumplir su deseo de narrar a un juez, de viva voz, las atrocidades vividas durante la dictadura. La esperanza, depositada en la jueza argentina María Servini de Cubría, se ha desvanecido tras el anuncio de la magistrada de suspender su viaje a España para tomar declaración a los 91 querellantes y las más de 300 asociaciones que han mostrado su adhesión a la causa. La suspensión del viaje, no obstante, no implica la cancelación del proceso judicial abierto contra los crímenes del franquismo, que busca acabar con la impunidad de “aquellas personas de las que se tengan sólidas pruebas de su participación en los crímenes de la dictadura”.

“Lo más importante es que la causa continúa. Es un golpe importante porque la visita de la jueza representaba mucho para las víctimas. Estaba previsto que la magistrada se desplazara a lugares emblemáticos como Gernika o el antiguo cementerio de San Rafael en Málaga [donde fueron fusilados y enterrados en fosas comunes 4.471 republicanos entre febrero de 1937 y el año 1955]", señala a Público Chato Galante, uno de los impulsores de la demanda y miembro de la asociación española de expresos del franquismo La Comuna.

Los querellantes proponen que las víctimas declaren mediante videoconferencia

La solución que ha propuesto la Red Aqua, que agrupa a las diversas asociaciones que han denunciado los crímenes en Argentina, para solventar este nuevo revés es que las víctimas presenten testimonio mediante videoconferencia para poder acelerar la causa. “Este nuevo problema nos hace ver que tenemos que seguir trabajando más que nunca. Hemos estado mucho tiempo esperando la visita de la jueza. Ahora que sabemos que se cancela, hay que seguir trabajando al máximo para que la causa siga adelante”, insiste Galante.

La causa por la que la jueza ha suspendido el viaje a España es un conflicto que mantiene desde hace meses con la Corte Suprema de Justicia argentina. La magistrada solicitó permiso a la Corte para viajar a España un mínimo de 15 días con dos secretarios judiciales para ayudar a la tarea de tomar declaración a los querellantes. Condiciones que la jueza consideraba básicas para un correcto desempeño de su investigación. La Corte, por el contrario, había concedido el permiso a la magistrada para desplazarse a España pero sólo durante 10 días, un secretario judicial y restringió el trámite solamente a la ciudad de Madrid.

La diferencia de cinco días y un secretario judicial entre las demandas de la magistrada y lo aprobado por la Corte convertían la visita, en opinión de la jueza, en “un viaje simbólico” ya que no dispondría de tiempo y medios suficientes para desarollar su trabajo debido al gran número de querellantes. El plan de la jueza era trasladarse por, al menos, tres ciudades españolas -Madrid, Vigo y Barcelona– para escuchar los testimonios de las víctimas.

Por ese motivo, y tras mantener varias reuniones con la Corte, la magistrada ha decidido suspender el viaje, que en un principio estaba previsto para el mes de junio, después para septiembre y, finalmente, ha sido cancelado.

La jueza ha cancelado el viaje por discrepancias con la Corte argentina

La causa por la cual la Justicia argentina investiga los crímenes del franquismo, caratulada como “NN s/ genocidio”, fue iniciada el 14 abril de 2010 por los descendientes de dos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, que presentaron una demanda ante la Corte argentina. A la iniciativa de estos dos descendientes se sumaron rápidamente diversas asociaciones de memoria histórica, represaliados y de movimientos sociales de diversa índole hasta sumar 91 querellantes aunque, según asegura los promotores de la iniciativa, las adhesiones a la querella suman más de 300.

Los denunciantes, además de su testimonio, aportan listas de nombres de personas aún vivas entre jueces, fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones denunciadas como presuntos torturadores o responsables de los crímenes de lesa humanidad, así como de empresas que en su día utilizaron a presos del franquismo como mano de obra. Los casos denunciados cuya investigación se solicita, comprenden el período que va desde el 17 de julio de 1936 y el 15 de julio de 1977.