La jueza Alaya indaga desde hace un mes el patrimonio del exconsejero Fernández

La Policía Judicial, por orden de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, investiga desde hace casi un mes el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de toda su familia. En un auto del pasado 16 de abril, Alaya afirma que Fernández "tenía indiciario conocimiento de la inclusión en las pólizas de los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas".

La jueza añade que Fernández, nombrado consejero por Manuel Chaves en 2004 y mantenido por José Antonio Griñán hasta su destitución en 2010, conocía también "los importantes reparos que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas, que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros".

La magistrada también le imputa su inclusión en el ERE de 2008 de la compañía González Byass, otorgado por Empleo cuando Fernández era consejero y en el que aparece como beneficiario de una póliza, "cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981". Alaya investiga posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.