Un juez investiga el "maltrato" en un centro a un menor discapacitado y tutelado por la Junta de Andalucía

Un juez de Sevilla investiga la denuncia que unos padres han presentado por los presuntos malos tratos y lesiones sufridas por su hijo discapacitado de nueve años en el centro donde se encuentra internado tras ser declarado en desamparo por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y han reclamado que se identifique e investigue a los presuntos responsables, "sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria en que haya podido incurrir" la Junta de Andalucía.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los padres del menor, Juan Francisco Martínez León y María Gracia Delgado Marín, relatan que fue en noviembre de 2016 cuando la Junta declaró en desamparo a su hijo, que padece un retraso psicomotor con déficit cognitivo, y que "se encontraba en su entorno familiar perfectamente atendido y escolarizado".

"Era un niño feliz pese a las limitaciones derivadas de su enfermedad", sostienen los padres, que añaden que el desamparo fue declarado "ante una posible situación de riesgo" que "básicamente se justificaba" en que el menor "carecía de apoyo familiar" y que sus padres "no le proporcionaban el debido tratamiento ante esa enfermedad que padece y que aún no se encuentra diagnosticada".

Según ponen de manifiesto, en base a dicha declaración de desamparo, la Junta ejerce la tutela del menor, constituyendo acogimiento residencial en un centro de menores --'Luis Toribio de Velasco'-- en el que no llegó a ingresar al ser trasladado el 30 de noviembre de 2016 "sin razón alguna" a otro centro de Alcalá de Guadaíra, el 'Centro Ciudad San Juan de Dios', destinado a "adultos con graves trastornos mentales", donde el menor cumplió nueve años el pasado 24 de enero.

Centro "totalmente perjudicial y lesivo"

"El niño ha sido extraído de su núcleo familiar, donde vivía feliz y en un entorno adecuado, recibiendo el cariño y afecto de sus padres, iba al colegio y acudía regularmente a todas las revisiones médicas y recibía los tratamientos adecuados a su enfermedad, habiendo pasado a vivir en un centro totalmente perjudicial y lesivo a su integridad física y moral", aseveran en la denuncia consultada por Europa Press.

Al hilo, los padres aseguran que, al visitarle en el centro, han podido comprobar que su hijo "presenta graves lesiones que le causan otros enfermos ingresados en el mismo centro que, paradójicamente, no es para niños, sino para adultos con graves enfermedades mentales", criticando así que "la entidad pública de protección, lejos de amparar al menor, le ha posicionado en una situación de gravísimo riesgo a esa integridad".

Según exponen en la denuncia, que fue presentada el pasado sábado día 2 de septiembre, su hijo "se encuentra en un entorno hostil en el que, a la vista de las lesiones que presenta, que no se pueden imputar a caídas o golpes fortuitos, debe estar sufriendo una situación de continuo maltrato, con la consiguiente negligencia de los encargados y garantes de su cuidado".

"Signos evidentes de violencia"

"El niño, cuando estaba con nosotros, no presentaba ni esos cardenales ni esos signos evidentes de violencia", aseveran los padres, que manifiestan que su hijo "tiene familia extensa y sí tiene apoyo familiar", ya que "tiene padres, abuelos, tío y primos, etc".

A juicio de los padres, "otra cuestión gravísima" que motiva la denuncia y por la que reclaman que "se adopten medidas de protección urgentes del niño" es que éste fue ingresado en el centro "porque sus padres no le proporcionaban el adecuado tratamiento a su enfermedad".

En este sentido, relatan que su abogado se puso en contacto con el director del centro y éste les comunicó que "no ha recibido instrucción alguna sobre el tratamiento que ha de percibir el niño", por lo que éste "se encuentra en un centro inadecuado, rodeado de adultos con graves enfermedades mentales, que se sospecha que lo maltratan físicamente, en un entorno insano para sus condiciones de salud, especialmente de tipo respiratorio".

A todo ello se suma, según los padres, que en el colegio su hijo "no tenía pañales" y, ahora, en el centro, sí los lleva, lo que supone "un retroceso importante en la vida del menor" y "atenta contra su salud, física y psíquica".

Asimismo, han presentado la denuncia tras comprobar que su hijo fue llevado junto con el resto de "adultos con trastornos mentales" a la playa de Chipiona (Cádiz) y, pese a presentar "un grave déficit motor, que le impide andar" y por el que requiere del uso de una silla de ruedas en determinadas circunstancias, fue llevado a la playa "llorando con desprecio y arrastrado por el brazo por sus coordinadoras y monitores".

Responsabilidad civil subsidiaria de la Junta

"El niño se pasó el día entero en la playa comiendo arena y rodeado de esos otros internos, sin recibir la más mínima muestra de afecto y en una situación de inmovilización, sentado por sus problemas físicos, sin atención ni consideración alguna a sus problemas", denuncias los padres en este escrito.

Según lamentan los padres, que junto con la denuncia aportan distintas imágenes y fotografías, su hijo "está triste y desolado por esta situación de maltrato que está viviendo, llora desconsoladamente porque está dolorido y maltratado continuamente por la coordinadora y monitores, no comprende esta situación que está viviendo".

El menor "se encuentra triste, dolorido, solo, indefenso, maltratado, desorientado y sufriendo" una situación "injusta y violenta", de forma que "si esta situación de maltrato no se revierte pronto le va a dejar secuelas físicas, morales y psicológicas de por vida".

Por todo ello, los padres han decidido acudir a la jurisdicción penal "ante la lentitud que está teniendo" el procedimiento civil de oposición a la declaración administrativa de desamparo y para solicitar que se abra una investigación penal sobre los hechos denunciados, "identificando e investigando a las personas que pudieran resultar responsables de los malos tratos y lesiones sufridas por el menor".

Todo ello, además, "sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria en que haya podido incurrir" la Junta de Andalucía, concluyen.