El juez cifra el agujero de Reyal en 1.724 millones

Reyal Urbis ha sido declarada en concurso voluntario acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid con un agujero patrimonial de 1.724 millones de euros, según consta en el auto dictado por el juez titular de este tribunal. El auto indica que "de la documentación aportada" se deduce que la inmobiliaria que controla y preside Rafael Santamaría presenta una deuda de 4.345,43 millones de euros, mientras que el valor de su activo se sitúa en 2.621,38 millones de euros. Así, el juez indica que de dicha documentación "se desprende el estado de insolvencia del deudor", según consta en el auto de declaración de concurso remitido por Reyal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Reyal Urbis acordó el pasado 19 de febrero solicitar el concurso de acreedores ante la conclusión, sin alcanzar acuerdo, del plazo de cuatro meses que se dio para negociar su deuda con los bancos. Por el volumen de su pasivo, la suspensión de pagos de esta inmobiliaria es la segunda mayor de la historia de España, por detrás de la de Martinsa Fadesa.

El juez ha designado a  la Agencia Tributaria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como los administradores concursales de la inmobiliaria. Con la elección de dos organismos públicos como administradores concursales de la inmobiliaria, el juez asegura "atender al indudable y relevante interés público" que estima concurre en este proceso, "tanto por el volumen de créditos titularidad de distintos órganos de la Administración General del Estado como por el volumen del pasivo y la extensión territorial (nacional e internacional) de los efectos del concurso".

Según informó la propia Reyal, cuando acordó acogerse a la Ley Concursal, la inmobiliaria debe unos 700 millones de euros a la Sareb, consecuencia de la transmisión a este banco malo de créditos al promotor de los bancos nacionalizados y de los que han recibido ayudas. Asimismo, Reyal también adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria, y otros 215 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La inmobiliaria finalmente suspende pagos tras superar tres refinanciaciones de deuda desde que inició la crisis y con un stock de 780 viviendas terminadas y sin vender, pese a que lleva sin construir nuevas casas desde que en mayo de 2010 firmó la última de dichas reestructuraciones de pasivo.

La firma, que cerró el ejercicio 2012 con una pérdida de 910 millones de euros y cuenta con 420 empleados, ha excluido del proceso concursal el macrocomplejo comercial y de oficinas que la compañía promueve junto con un grupo de bancos en el Paseo de la Castellana de Madrid y su cadena de hoteles Rafaelhoteles.