El juez Castro atribuye cuatro delitos a Camps y Barberá por dar dinero a Urdangarin

El juez José Castro ha encontrado "indicios racionales" de que Francisco Camps y Rita Barberá cometieron delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder "a dedo" contratos a Iñaki Urdangarin por importe de 3,5 millones de euros, "orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas". El instructor cree la versión de que el Valencia Summit, el mejor negocio del yerno del rey, se gestó en 2004 en una reunión en el Palacio de la Zarzuela.

El magistrado detalla los indicios delictivos en la exposición razonada de 70 folios que ha elevado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que por la condición de aforados de Camps y Barberá él no tiene competencia para imputarles. Ahora será el alto tribunal valenciano el que decida si les inculpa o no.

El instructor describe en su resolución los indicios que ha reunido contra el expresidente de la Generalitat valenciana y la actual alcaldesa de Valencia por su participación en la gestación de los convenios que se firmaron con Nóos para que organizará los congresos llamados Valencia Summit, y unos Juegos Europeos en Valencia que no llegaron a tener lugar.

Por ambos eventos, el Instituto Nóos, de Urdangarin y Diego Torres, se embolsó 3,5 millones de euros de fundaciones públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos, y de la cantidad total, no ha justificado qué hizo con 2,5 millones.

En la exposición, el juez destaca que las contrataciones con Nóos auspiciadas por Camps y Barberá "no obedecían a procurar el interés genera", sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias" de Iñaki Urdangarin "en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey".

"Siendo por ello --añade el juez-- que todas las contrataciones se adjudicaron "a dedo", asintiendo verbalmente los aforados a cuanto se le ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas".

La exposición reproduce el relato de la concesión irregular de los contratos a Nóos que incluyó en el auto del pasado mes de enero en el que estableció una fianza civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Destaca como el Valencia Summit (celebrado en 2004, 2005 y 2006) se inició sin ningún procedimiento administrativo de contratación, "y en exclusiva atención" a que Camps entendía que era obligado atender a las pretensiones de Urdangarin porque era el yerno del rey.

El convenio que permitió las celebraciones de ese congreso de ciudades y deporte en Valencia "nunca vino precedido de la realización de absolutamente ningún informe sobre su viabilidad técnica, financiera, jurídica, estudio de los precios de mercado para eventos similares", y el único informe sobre el asunto "que se dice técnico, incorporado al expediente, es absolutamente falso", puesto que se elaboró en 2005 pero se le puso fecha de 2004 para aparentar que se había hecho antes de la firma del convenio.

En relación a los Juegos Europeos de Valencia, fruto de un nuevo convenio de diciembre de 2005  entre Generalitat y Nóos, el juez destaca como los principios de concurrencia y publicidad propios de la contratación pública se sustituyeron por los de "amiguismo y oficiosidad".

En la génesis coloca también a Camps, que encarga a su vicepresidente trasladarse a Barcelona para reunirse con Urdangarin. Para el juez, es el culmen de los "favoritismos y compadreos" cómo el presidente de una comunidad autónoma puede comisionar a su vicepresidente "para contactar con un proveedor, menos aún para acudir a su despacho y menos aún si ello obliga a desplazarse de Valencia a Barcelona".

El convenio para celebrar estos Juegos Europeos preveía el desembolso a Nóos de 6 millones de euros, de los cuales sólo percibió unos 380.000 euros pese a que el certamen no llegó a celebrarse nunca.

El juez cree que Urdangarin usó La Zarzuela para su mayor 'pelotazo'

En la exposición, el juez Castro da credibilidad a la versión sostenida por Diego Torres de que la realización de los eventos denominados Valencia Summit (que supusieron para Nóos más de 3 millones de euros de las instituciones públicas valencianas) se gestaron en una reunión en el Palacio de la Zarzuela hacia enero de 2004, en la que participaron Urdangarin, Camps, Barberá y el propio Torres.

Destaca el juez que el hecho de celebrar la cita en Zarzuela --residencia del rey y su familia-- aumentaba el "impacto psicológico" de las autoridades valencianas.

El relato del juez recuerda varios documentos y correos electrónicos aportados a la causa por Diego Torres, donde se destaca que, con carácter previo a la referida reunión, Urdangarin se había ganado el agradecimiento de Rita Barberá por gestiones relativas a la 32 Copa América de Vela.

En el encuentro de Zarzuela, según el juez, "ya quedó definitivamente decidido que la organización de los eventos que se denominarían Valencia Summit le sería adjudicada a la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, y buena prueba de ello es que, a partir de entonces, la adjudicataria ya empezó a trabajar en la encomienda".