El juez del caso Madrid Arena abrirá una "causa" contra la cúpula policial de Madrid

El juez del caso Madrid Arena abrirá una pieza separada para depurar las posibles responsabilidades penales de la cúpula policial del Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de falsedad en documento oficial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una estampida humana, lo expresó así durante la declaración como imputado del director general de Diviertt-FSM Group, Santiago Rojo, "una pieza clave del puzzle" de la organización el evento.

Las familias de las cinco víctimas de la tragedia, con la adhesión de la Fiscalía y el letrado de Diviertt, habían formulado la petición para investigar las posibles responsabilidades penales del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, de los mandos policiales Óskar de Santos y Gerardo del Rey y del responsable de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos, Rafael Pastor.

La pieza separada está orientada a aclarar si hubo un cambio de nivel de riesgo de medio a alto de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena del pasado 1 de noviembre, lo que determinó el despliegue policial en el evento.

López-Palop anunció que próximamente dictará la resolución necesaria para abrir esta pieza separada, que, desde su punto de vista, "tiene una relación directa" con la investigación, puesto que el cambio de nivel de riesgo afectó al número de policías asignados al pabellón.

Las acusaciones particulares entienden que no hubo un cambio de nivel de riesgo, como sostiene la responsable de la unidad policial encargada del operativo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, y que la documentación sobre el cambio de nivel se hizo "a posteriori", está "alterada" y no refleja "la realidad", ha explicado Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas.

El magistrado también se ha mostrado contrario a abrir una pieza separada para que se impute al exvicealcalde del Ayuntamiento Miguel Ángel Villanueva y al exdelegado de Economía Pedro Calvo por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación, como planteó el sindicato ultra Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.

En su declaración ante el juez, Santiago Rojo, el "segundo" de la organización Diviertt-FSM Group, responsabilizó al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, del montaje y de la organización del evento, de la venta masiva de entradas y de los controles en los accesos al recinto, según contó Felipe Moreno, el abogado de la familia de Rocío Oña, una de las jóvenes fallecidas.

Rojo aseguró que era el encargado de pagar a las personas que participaron en el evento, entre ellas, el pinchadiscos Steve Aoki, a quien le abonó en metálico 20.000 euros, aunque, según las acusaciones particulares, su "caché" oscila entre los 150.000 y los 300.000 euros.

Rojo reconoció que había más de 10.000 personas en la fiesta, mientras que los letrados de las víctimas cifran en más de 20.000 el número de asistentes, tras el recuento de 17.500 entradas encontradas en ocho urnas, a las que hay que sumar las vendidas por internet y las invitaciones VIP.

Rojo aseguró que escuchó al coordinador de Proyectos de Madrid Espacios y Congresos, Francisco del Amo, darle instrucciones al responsable de Seguriber de abrir el portón por el que vio cómo entraba "muchísima gente" al pabellón.

El director general de Diviertt-FSM Group reconoció que había múltiples "botellones" tanto en el estacionamiento como en Lago y que no vio a ningún policía municipal.

El juez no acordó ninguna medida cautelar para Santiago Rojo, a pesar de que las acusaciones habían solicitado su comparecencia en el Juzgado dos veces al mes y la retirada de su pasaporte.