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IU quiere que Montoro aclare si la Familia Real cumple sus obligaciones tributarias

UPyD y el BNG también se suman a la exigencia por parte de ICV que reclama que la Casa Real se someta también a la Ley de Transparencia que se tramita actualmente en el Congreso

EUROPA PRESS

A la exigencia de ICV en el Parlament de Catalunya se han sumado hoy IU, UPyD y BNG. Todos estos partidos políticos han pedido explicaciones al rey por la información publicada en el diario El Mundo, según la cual el monarca habría recibido una herencia de 375 millones de pesetas (2,2 millones de euros), procedente de una fortuna de 728 millones que su padre, Don Juan de Borbón, tenía repartida en tres cuentas de Suiza.

Concretamente, ICV e Izquierda Unida han pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informe en el Congreso de Diputados sobre si algún miembro de la Casa real se ha acogido a la amnistía fiscal y que explique si el Gobierno tiene conocimiento de los datos que se han publicado.

Además, los servicios jurídicos de Izquierda Unida están estudiando la posibilidad de presentar otras iniciativas parlamentarias para intentar recabar más información sobre este tema. De momento, el diputado Gaspar Llamazares, ya ha registrado varias preguntas por escrito. Dado que 'el Gobierno tiene la responsabilidad del cumplimiento de la legislación fiscal por parte de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país', Llamazares pregunta al Ejecutivo directamente si el Rey 'a día de hoy' tiene 'alguna cuenta abierta en Suiza o en algún otro país extranjero?' y, en el caso de que la respuesta esa afirmativa, exige saber si tributa por ellas en España o en el extranjero.

Asimismo, Llamazares interroga al Ejecutivo sobre a cuánto ascendía el patrimonio del Don Juan Carlos en el momento de su coronación, a cuánto asciende en la actualidad y si 'tributó adecuadamente en España por el incremento de su patrimonio en ese período'.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) han hecho hincapié en que el rey aclare si tiene cuentas en Suiza y si declara todos sus impuestos en España. La portavoz del BNG en el Congreso Olaia Fernández Davila tiene previsto registrar una pregunta escrita en el Congreso para que el Gobierno arroje luz sobre las informaciones que apuntan que el monarca podría tener dinero fuera de España. Para Fernández Davila este tipo de informaciones evidencian la importancia de que la Jefatura del Estado esté totalmente sometida a la Ley de Transparencia que se tramita actualmente en la Cámara Baja.

Por su parte, el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, también considera que estaría 'muy bien' que la Casa del rey diera las explicaciones pertinentes. El número dos de la formación magenta no ha descartado que UPyD registre alguna iniciativa parlamentaria para emplazar al Gobierno a dar cuenta de todas las circunstancias que rodean a esta cuestión y, en concreto, al Ministerio de Hacienda, que es, a su juicio, el que debe especificar si esas cuentas en Suiza están o no regularizadas.

Los tres grupos apuntan a que la Casa del Rey debe tener las mismas obligaciones en esta materia que el resto de instituciones. En este contexto, defiende que si se publican los bienes de los diputados y miembros del Gobierno, los del monarca y su familia deberían tener exactamente el mismo tratamiento. 'Estaría muy bien que dieran las correspondientes explicaciones porque el desprestigio de la Casa del Rey no ha parado de aumentar en los últimos años, y este tipo de informaciones no parecen mejorarlo desde luego', ha manifestado el portavoz de UPyD. Y añaden que 'en una monarquía la Jefatura del Estado no se elige y eso le obliga a un plus todavía mayor de transparencia para que la sociedad compruebe que la Jefatura del Estado no se mantiene al margen de la Ley, sino que es la que lidera el cumplimiento de la legalidad', ha concluido.

Por el momento, el PP solo es partidario de que se vean sometidas a la ley las partidas administrativas de la Casa del rey. Es decir, que se puedan conocer, por ejemplo, los contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen de distintos departamentos ministeriales.

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