IU pide que el Congreso debata la despenalización de los derivados del cánnabis.

"Es evidente que la prohibición no ha conseguido reducir el consumo de derivados del cannabis y, tras más de setenta años de experiencia, puede afirmarse que es una política muy poco efectiva". Con esta premisa, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley para que el Congreso debata sobre las "reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cánnabis".

La proposición la han registrado los diputados Gaspar Llamazares, Ricardo Sixto y Álvaro Sanz, que en su iniciativa ahondan un poco más, marcándose como objetivos "la total despenalización del consumo y tenencia de cánnabis", para lo que plantean una Ponencia para el Estudio del Problema de las Drogas.

"Hay más permisividad en el tema del cultivo y autoconsumo, es en los derivados donde creemos que hay que actuar con más celeridad. Esta no es una cuestión nueva, ya la han planteado más grupos. Creemos que es necesario dejar la política de prohibición porque es ineficaz y sólo llena las prisiones de personas con problemas ligados al consumo y al trapicheo. Pretendemos favorecer el debate público, por que más pronto que tarde se cambiarán regulaciones", ha explicado a Público Ricardo Sixto

La despenalización del cánnabis y sus derivados, sobre todo para uso terapéutico, es un debate que el grupo parlamentario considera de plena vigencia. Para ello, hacen referencia al reciente informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, del que forma parte entre otros el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y que subraya la necesidad de que las Naciones Unidas cambie radicalmente su manera de abordar esta cuestión a nivel internacional en la sesión especial sobre este tema que hay prevista para 2016.

Al mismo tiempo, la iniciativa persigue que se estudie y desarrolle un "marco normativo paras las asociaciones o clubes cannábicos", cuya implantación es importante en ciudades como Barcelona y que se mueven en una laguna legal para la que tanto el sector jurídico como el sanitario, además de parte de la sociedad, piden una solución clara.

Los diputados consideran que los avances en este sentido en países como Alemania, Italia o República Checa; además del ejemplo de Holanda, son una prueba de que España debe caminar en la misma dirección, es decir, que "sea el Estado quien recete la marihuana y sea entregada por un distribuidor autorizado", según el modelo checo.

"La tenencia de estos productos está sancionada en España con multas administrativas que van desde los 300 a los 6.000 euros"Otro de los aspectos destacados en la proposición es el "pleno proceso de expansión" de las tiendas de cánnabis, un negocio totalmente legal cuyo éxito se debe "a las ya conocidas propiedades curativas del cánnabis". "Los clientes habituales de estas tiendas suelen ser personas enfermas de cáncer u otras enfermedades como fibromialgia, esclerosis o glaucoma" que encuentran en estos productos un "alivio para un dolor crónico o los efectos secundarios de algunos tratamientos", explican

Los diputados de Izquierda Unida también ponen sobre la mesa "la novedad de que, en virtud de un cambio metodológico impulsado por Bruselas, se incluya la aportación de determinadas actividades, hasta ahora ilícitas, como parte del Producto Interior Bruto", una tesis respaldada por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que plantea que determinadas drogas blandas puedan legalizarse para luchar mejor contra sus posibles efectos adversos y aumentar los ingresos públicos, tal y como está sucediendo en Uruguay, que hace meses despenalizó el consumo, cultivo y venta de marihuana, al igual que estado de EEUU Ohio.

"No tiene sentido que si el tráfico de drogas y la prostitución están incluidos en el PIB, el cánnabis y sus derivados no se regulen. Eso induce a que haya tráfico ilegal y mafias", añade Sixto, que hace hincapié en que si la prohibición se sustituye por la educación y la prevención, el consumo no aumentaría.

El grupo parlamentario de UPyD ya elevó en julio otra Proposición No de Ley que pedía la despenalización del cánnabis y sus derivados y, según reconoce Sixto, "si esta formación quiere podemos introducir enmiendas para llevar juntos la iniciativa".

Actualmente, la tenencia de derivados del cannabis se sanciona en España con multas administrativas que van desde los 300 a los 6.000 euros, según el artículo 25 la conocida como  ley Corcuera. "El hecho de despenalizar el consumo, limitando las penas a sanciones administrativas, no evita, sin embargo, las consecuencias derivadas de recibir una condena, que sólo podrían evitarse mediante la legalización o la "descriminalización" total del consumo", argumenta IU.