IU mostrará a Rajoy en el Congreso cómo se combate el paro y la pobreza sin obedecer a la Troika

Cayo Lara desgranará este miércoles en el Pleno del Congreso el plan de estímulo con el que Izquierda Unida asegura que puede reducir el paro a la mitad en tres años dando algunos números concretos de la propuesta que presentó el pasado lunes junto al responsable de la Secretaría de Política económica y Empleo, José Antonio García Rubio. El documento en el que está plasmado ese proyecto es por ahora un esbozo aunque cuenta con puntos muy interesantes y que podrían significar una vía de escape definitiva a la política del austericidio a la que ha condenado a los ciudadanos el Gobierno de Mariano Rajoy. Público ha tenido acceso a ese texto (consúltalo aquí en PDF) que servirá de eje central de una batería extensa de proposiciones no de ley centradas en la creación de puestos de trabajo, la reactivación del consumo y la economía, la reducción de la pobreza, la explotación de sectores económicos alternativos, el blindaje de los servicios públicos y la defensa de los derechos fundamentales.

El texto tiene 21 páginas y parte de un hecho irrefutable: la política aplicada por José Luis Rodríguez Zapatero en el último periodo de su mandato y por Mariano Rajoy en lo que va de legislatura no ha frenado la sangría del desempleo, sino todo lo contrario, al tiempo que ha aumentado las desigualdades, la pobreza y ha frenado el consumo hasta límites insospechados. De algún modo se afirma que si hay algo que ambos mandatarios tienen en común es que los dos alquilaron su asiento en la Moncloa al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional a un precio excesivamente alto.

El primero lo hizo en septiembre de 2011 estampando su firma junto a la del rey en la modificación del Artículo 135 de la Constitución, lo que se tradujo en que la política, a partir de ese momento, tendría una nueva regla de oro: primero va el déficit y luego las personas. El segundo lo hizo en julio de 2012,  cuando dejó que el ministro de Economía, Luis de Guindos, rubricara un documento en el que, a cambio del rescate bancario, obligaba al Gobierno a llamar a Bruselas antes de tomar cualquier decisión económica.

La nueva muletilla de Rajoy es que todo lo que ha hecho, incluido el incumplimiento sistemático de su programa electoral, ha servido para "evitar el crack". Pero los datos dicen que desde que se cambió la Constitución hasta hoy el paro ha aumentado un 5,64%, que el Gobierno elabora sus previsiones de déficit haciendo castillos en el aire y que la economía, como muy pronto y esperando que no se agrave la recesión en la UE, no crecerá hasta el año que viene.  

Por lo tanto, lo que propondrá Lara a Rajoy, que tratará de explicar cómo hemos llegado a los 6,2 millones de parados, es que hay otro método para salir de la crisis. Lo primero, como explicó el coordinador federal de IU el lunes, sería la derogación de las últimas dos reformas laborales y una inversión de 60.000 millones de euros en tres años en políticas destinadas a generar empleo. Lo segundo, obligar a los bancos nacionalizados a conceder créditos a las Pymes y a los autónomos por un valor de 40.000 millones de euros a un interés del 0,5%. Y lo tercero, una fiscalidad más justa y una lucha real y eficaz contra el fraude y la economía sumergida.

Y es este último punto lo que sustenta la Estrategia urgente para la creación de empleo de IU. El estudio elaborado por la oficina de García Rubio afirma que la implementación de una estrategia específica para aumentar la recaudación fiscal del Estado puede dar a las arcas una "cifra razonable" de 70.000 millones de euros partiendo de las que han sido las líneas claras de la política de IU en materia de fiscalidad de los últimos años: "Elevar al 35% el Impuesto de Sociedades para las empresas que obtengan al menos 1 millón de euros de beneficio; limitar  el conjunto de las exenciones, ventajas, desgravaciones y otras facilidades fiscales a un máximo del 5% de la base imponible del Impuesto de Sociedades; desarrollar el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, que sustituya al actual Impuesto de Patrimonio; modificar la legislación sobre SICAV y limitar el sistema de módulos para evitar que sean instrumentos para eludir la progresividad fiscal; aplicar un impuesto a las transacciones financieras y elevar la fiscalidad para los productos de lujo; y sumar los ingresos de trabajo y capital en la misma base imponible".

Esto debe ir acompañado de una reducción del fraude fiscal del 10% en 2013, y del 20% en 2014 y 2015, lo que, según el documento incrementaría la recaudación en 0,5 puntos de PIB para el primer año y del 1% para los dos siguientes, es decir, 25.000 millones de euros de aquí al final de la legislatura. Además de eso, IU sostiene que dotando de unas condiciones laborales y jurídicas adecuadas a la Agencia Tributaria, este año afloraría un 10% de la economía sumergida y un 20% en 2014 y 2015, lo que reportaría ingresos por otros 30.000 millones de euros.

Se trata de un giro de 180 grados con respecto a la política del PP y que además de cerrar la puerta a las amnistías fiscales, pondría en un apuro a las empresas del Ibex35, de las que un 94%, como hemos conocido este martes, elude impuestos en paraísos fiscales.

IU calcula que invirtiendo 10.000 millones de euros en "empleos verdes" se pueden crear en el corto plazo 300.000 puestos de trabajo con "planes específicos de reforestación y desarrollo de las industrias y servicios ligados a la explotación forestal sostenible" en "pequeños y medianos municipios". Otros 150.000 puestos de trabajo llegarían fomentando las energías renovables, "incluidos los techos solares, invirtiendo los recortes recientes en el sector". Desde la federación estiman que instalando 500.000 techos solares en los próximos tres años y aplicando una serie de "transformaciones necesarias" en el sector, "se pueden generar 150.000 empleos", además de repercutir en el PIB al reducirse las importaciones. El documento cita un informe de la OIT de mayo de 2012 y "los informes de Colegios Profesionales y Asociaciones sectoriales" para sustentar sus cálculos.

Además, desde IU creen, al contrario del diktat de Berlín y Bruselas, que el empleo público puede sacarnos del foso y repercutir beneficiosamente en la economía. El informe aboga por recuperar "el 100% de la tasa de reposición del empleo público reorganizando la distribución de efectivos" y asegura que "España invierte en servicios Públicos un 40% menos sobre el PIB que la media de la UE". 

Curiosamente, desde la formación que dirige Lara, la Dependencia, uno de los programas más castigados por los recortes de Rajoy, daría lugar a 100.000 empleos. IU contrataría a 30.000 profesores de educación infantil de aquí al final de legislatura y 20.000 profesionales de enfermería y asistencia hospitalaria para recuperar el estado de la sanidad pública. Esto, pese a que pueda parecer suicida una vez que los oídos de los ciudadanos se han acostumbrado a escuchar que hay que recortar en funcionarios, es en definitiva una concepción distinta de país, donde dos pilares básicos como la sanidad y la educación o la salud y la formación, pueden generar riqueza.

El documento hace especial hincapié en la necesidad de regenerar la industria y transformar sectores clave como la construcción, la automoción, el de las energías tradicionales, el turístico y el químico. También en apostar por los sectores emergentes como el de las energías renovables, la construcción y reparación naval, los servicios sanitarios y los servicios sociales. Asimismo, ve obligatorio fomentar la producción de tecnología para lo que es imperativo invertir en  educación e I+D+i servicios empresariales, el transporte, y las tecnologías de la información y las comunicaciones (por su repercusión en la productividad de las empresas y en la eficiencia de las Administraciones Publicas). IU propone aumentar al 0,7% del PIB la inversión en investigación.

IU propone una "Ley de Garantía de los derechos sociales" que tutele y proteja derechos como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, o la cultura, todos ellos recogidos "en el art. 27 y los capítulos II y III de la Constitución Española de 1978" y que la crisis económica se ha llevado por delante. De ahí, ofrece medidas concretas en clave social que alivien las consecuencias de la austeridad. Medidas que irían desde que el Estado garantice el trabajo, el seguro de desempleo, el subsidio o la formación a toda la ciudadanía, hasta "una nueva política de garantía de ingreso mínimo, tanto familiar como personal mediante ayudas sociales reguladas y públicas".

"Los costes de ambas medidas constituyen un nuevo aspecto de las políticas sociales ya existentes en parte en muchos países de la UE y no formarían parte de la financiación contemplada en esta Estrategia", aseguran desde la federación, que además apostaría por un "Plan de Empleo/Formación financiado por el Estado y con la colaboración para su aplicación de los Ayuntamientos destinado a facilitar trabajo y la reconversión de sus cualificaciones a los parados de larga duración" y "un Plan de Solidaridad frente a la crisis, basado en Planes Locales de Empleo y Solidaridad". Esto implicaría "la apertura local de Centros de Empleo y Solidaridad, gestionados por los Ayuntamientos y cuyo trabajo se organiza en base a la participación solidaria de los afectados", cuyas actividades se centrarían en "ayuda alimentaria, asesoría legal, apoyo para la búsqueda de trabajo, apoyo psicológico y ayuda para vivienda".

Otro de los puntos de la Estrategia se centra en el derecho a la vivienda y se compromete a la aplicación del decreto aprobado en Andalucía en el resto del Estado y en la implantación de un parque de viviendas en régimen de alquiler social para las personas en el umbral de la pobreza.