Irlanda confía en lograr un tratado para prohibir las bombas de racimo

El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Micheál Martin, aseguró hoy que la adopción de un acuerdo internacional que prohíba las bombas de racimo hará, eventualmente, cambiar de postura a los países que aún producen ese tipo de armamento.

Martin efectuó esas declaraciones en Dublín en la apertura de un conferencia especial que, durante los próximos doce días, intentará sentar las bases para la redacción de un "histórico tratado" que ponga fin al uso, fabricación, distribución y almacenamiento de las también llamadas bombas de fragmentación.

Para lograr ese objetivo, explicó el ministro, el Gobierno irlandés -organizador del encuentro- trabajará para lograr un "amplio consenso" entre los 119 países que participan en las conversaciones.

A este respecto, Martin lamentó las ausencias de los principales productores y usuarios de este tipo de armas (Estados Unidos, Israel, Rusia, China, India y Pakistán), pero confió en que un resultado positivo modifique, a la larga, la postura de estos países.

"Mi experiencia en este tipo de reuniones -dijo- es que cuando se fijan estándares internacionales otras naciones tienden a adoptar, en la práctica, esos acuerdos".

Martin advirtió de que las delegaciones tienen menos de dos semanas para lograr un acuerdo y de que el tiempo es limitado, pero celebró que, a su favor, cuentan con "el sólido trabajo realizado en los últimos meses por todos los participantes".

"Sabemos cuáles son las cuestiones clave y se han presentado propuestas viables. Lo que tenemos que hacer ahora es tender puentes para acercar las posiciones y llegar a un consenso", añadió el titular de Exteriores.

La Conferencia de Dublín se enmarca dentro del denominado "Proceso de Oslo", que se inició hace un año en la capital noruega con el fin de ilegalizar el uso de las que se han definido como las armas convencionales más mortíferas, pues el 98 por ciento de sus víctimas son civiles.

El proceso continuó en diciembre pasado en Viena (Austria) y dos meses después en Wellington (Nueva Zelanda), donde 83 países suscribieron una declaración en favor de la prohibición de las bombas de racimo.

Además de las delegaciones gubernamentales, también asisten a la conferencia más de 250 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) agrupadas en torno a la llamada Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC).

Para la ONG catalana Moviment per la Pau (Movimiento por la Paz), participante en las negociaciones, el principal obstáculo para lograr un tratado internacional es la reticencia de varios países, entre ellos España, a aceptar una prohibición total, sin excepciones.

Su directora, María Josep Parés, explicó a Efe que el Gobierno español, así como el alemán o el británico, "ha venido manteniendo en este proceso una posición ambigua".

"Por un lado, (España) dice situar las consideraciones humanitarias en primer lugar, pero, por otro, se muestra partidario de exceptuar ciertos tipos de armas. Se trata de aquellas que, supuestamente, tienen mecanismos de auto-desactivación que hacen que las municiones que quedan esparcidas no tengan dispositivo explosivo", dijo Parés.

Según la activista, ese tipo de bombas de fragmentación se fabrican en, al menos, una empresa española, por lo que "no es casual" que los argumentos del Ejecutivo español "coincidan plenamente" con los de la industria armamentística nacional.

Sea como fuere, Parés dijo tener la "certidumbre" de que la reunión concluirá con un acuerdo aceptable para todas las partes implicadas.

Por su parte, el coordinador general de CMC, Thomas Nash, consideró hoy que el encuentro de Dublín es el más importante que se celebra en el mundo sobre cuestiones de desarme desde que en 1997 se prohibiese en Ottawa (Canadá) el uso de la minas antipersonales.

"En las próximas dos semanas vamos a ver cómo se prohíbe ahora la fabricación y uso de las bombas de racimo, lo que tendrá un enorme impacto sobre las vidas de mucha gente en el futuro", afirmó Nash.

En la actualidad, más de 30 países fabrican este tipo de armamento, que se distribuye en más de 70 estados, entre ellos España, a través de las empresas Instalaza y Explosivos Alaveses (Expal).