Un informe del Consejo de Europa critica la manera en que las Naciones Unidas y la Unión Europea manejan las listas de personas presuntamente vinculadas a redes terroristas internacionales y pide más garantías de defensa para los afectados por esa medida.

El parlamentario suizo Dick Marty presentó hoy un informe con esa conclusión ante la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunida en París.

Los atentados contra EEUU en 2001 abrieron la puerta a una serie de sanciones aplicadas por la ONU y por la UE contra personas físicas y jurídicas sospechosas de vinculación con grupos como Al Qaeda o los talibanes y su inclusión en una serie de listas.

El informe de Marty tiene su origen en varios casos de personas que, incluidas en esos listados, han probado después ante los tribunales que carecen de relación con actividades terroristas y, a pesar de eso, ven que su nombre se mantiene en esa nómina, con la consecuencia de que sus bienes pueden ser congelados y se les prohíbe viajar.

El parlamentario suizo ha detectado que el procedimiento seguido para la elaboración de esas listas conculca los principios fundamentales que están en la base de los derechos humanos.

En concreto, señala que la inclusión en las listas "negras" debería ser limitada en el tiempo, mientras que en la actualidad algunas personas llevan años y sin posibilidad de un recurso efectivo ante la ONU y la UE aunque hayan sido exculpadas por tribunales nacionales de relación con grupos terroristas.

Asimismo, el informe apunta que los afectados por esa medida no se benefician del derecho a ser escuchados y defenderse antes de ser incluidos en el listado y agrega que no todos los integrantes del órgano encargado de elaborarlo conocen todos los motivos que llevan a esa decisión.

Asimismo, indica que los afectados carecen de la posibilidad de ser indemnizados por los daños causados por su inclusión en esa nómina.

El documento califica de "indigna" de organizaciones como la ONU y la UE ese tipo de prácticas e invita a ambas a que revisen su modelo de sanciones de manera que garanticen en mayor medida los derechos fundamentales y la posibilidad de defensa de los imputados.

"Es chocante ver que un organismo internacional cuyo objetivo es promover los principios de paz, tolerancia y justicia recurra a medios que no respetan los derechos fundamentales y que restringen libertades individuales", señala el texto.

Para apoyar sus argumentos Marty recurre al caso de un empresario de nacionalidad italiana, de origen egipcio y residente en Suiza, cuyo nombre fue insertado en la lista "negra" del Consejo de Seguridad de la ONU como sospechoso de haber financiado los atentados del 11-S.