El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluye que existe una 'relación directa' entre los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y las inyecciones de gas derivadas de la actividad de la planta. Esta inyección de gas, añade, habría 'acelerado el proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos'.

El estudio, además, revela que la actividad sísmica registrada no pertenece a la de la denominada falla de Ampostala por lo que 'se trataría de otra falla no cartografiada', y aconseja que sean expertos geólogos quienes la identifiquen. Sentencia, además, que esa falla no se tuvo en cuenta el informe de 'impacto de sismicidad inducida' para determinar la peligrosidad del proyecto Castor.

El informe ha sido facilitado por el diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto, quien ha tenido acceso al mismo tras una petición de información al Congreso en relación al informe del Instituto Geográfico Nacional sobre los seísmos en el entorno de la plataforma Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.

Con fecha de 10 de abril, el Congreso remitió al diputado el informe del IGN, fechado en diciembre de 2013, en el que se pone de manifiesto que existió una relación directa entre la actividad de la planta Castor y los cientos de seísmos que se produjeron en septiembre de 2013, quince de los cuales fueron percibidos por la población.

Tras conocerse las conclusiones de este informe, Sixto ha reiterado la petición de cierre definitivo de la planta, y que esta clausura 'no acabe costando dinero a los ciudadanos y a los consumidores de gas'.

El Instituto Geográfico Nacional recibió el encargo por parte del Ministerio de Industria de realizar un informe sobre la sismicidad de la planta, cuya actividad permanece paralizada tras los sucesos. El ministro José Manuel Soria ha manifestado en varias ocasiones estar a la espera de las conclusiones de este y otros estudios para determinar el cierre definitivo del proyecto gasístico.

El proyecto de gas Castor, del que es propietario la empresa Escal UGS (participada en un 66% por ACS) tiene la peculiaridad de que es el único en España que en su contrato contempla una indemnización por cierre, incluso en el caso de que exista negligencia por parte de la empresa.

El Ministerio denunció el contrato ante el Tribunal Supremo por considerarlo 'abusivo', pero el tribunal lo desestimó, aunque dejaba la puerta abierta a una posible interpretación del mismo 'dependiendo de las causas del cierre'. Aunque esa indemnización no ha sido aún calculada por el Gobierno, Industria cifró en 1.700 millones de euros la inversión cometida, gastos financieros incluidos.