La industria del motor está en pie de guerra

Los fabricantes de automóviles con plantas en España están que trinan. La inclusión por sorpresa de una enmienda en la nueva Ley de Economía Sostenible aprobada el martes que les obliga a hacerse cargo de los vehículos que los concesionarios no puedan vender puso ayer al sector en pie de guerra. La patronal que representa a las firmas, Anfac, advirtió de que la medida, que responde a una vieja reivindicación de las empresas de distribución, dañará seriamente a la industria del país y tendrá consecuencias sobre el empleo.

El presidente de Anfac, Javier García Sanz, fue ayer muy contundente. Dijo que los fabricantes se sienten "muy preo-cupados", además de "engañados" e incluso "traicionados" por los partidos políticos que apoyaron la medida. En su opinión, "no son conscientes" de sus "terribles repercusiones" para la industria.

García Sanz aseguró que los fabricantes, que tienen los centros de decisión fuera de España, no entenderán el contenido de la normativa, que "es tan grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos" y pone en "riesgo las inversiones ya asignadas y las posibles futuras" en las plantas del país.

La guerra entre los concesionarios y los fabricantes viene de lejos. La Federación de Asociaciones de Concesionarios (Faconauto), que reúne al canal de distribución, negoció en las últimas semanas con los grupos políticos la inclusión de una enmienda que, en su opinión, "pone fin a la desprotección de las empresas de distribución", la mayoría pequeñas actividades, y al "predominio" que las marcas tienen sobre ellas.

La disposición adicional 16 a la Ley de Economía Sostenible que aprobó el martes el Congreso dispone que los puntos de venta podrán devolver a los fabricantes los vehículos que no hayan podido comercializar en 60 días, recuperando el dinero que pagaron por ellos.

La asociación de fabricantes, Anfac, no tuvo conocimiento de esta inclusión hasta el 10 de febrero, precisamente el día en que la aprobó el Senado. El PSOE e IU se opusieron, pero quedaron en minoría frente al apoyo del resto de los grupos. La alarma saltó entonces entre los fabricantes, y Anfac se movilizó para asegurarse que PP y CiU rechazaran la disposición en la siguiente votación del martes en el Congreso. Pero, llegado el momento y ante su sorpresa, "por el interés político de dejar en minoría al PSOE, han acabado dando un revolcón a la industria", lamentan desde la asociación. El titular de Industria, Miguel Sebastián, tachó de "demagógica e irresponsable" la actitud de los grupos que facilitaron la incorporación de la enmienda y los responsabilizó de las posibles consecuencias.

La medida tiene carácter transitorio hasta que se apruebe la Ley de Contratos de Distribución, prevista para esta legislatura. Al conocer la reacción del presidente de Anfac, el secretario general de Faconauto, Blas Vives, quiso restar tensión y abogó por abrir el diálogo y pactar con Anfac una solución. Según Faconauto, la negativa de los fabricantes de Anfac a negociar ha llevado a los concesionarios a tomar cartas en el asunto por cuenta propia. "Si no ha habido debate previo, es porque los fabricantes no han querido", señaló. Vives consideró que la aplicación de la medida no será al pie de la letra: "No necesariamente se devolverán los coches; el concesionario podrá pactar con la firma quedárselos a precio más bajo para venderlos más fácilmente".

Ante el gran malestar, el Ministerio de Industria avanzó ayer que se reunirá con Anfac, a la vez que convocó a las marcas, las comunidades autónomas y los sindicatos a un encuentro con carácter de urgencia la próxima semana con el fin de analizar la situación.