Diez años después de la llegada de la democracia a Indonesia, el mayor país musulmán debate su modelo de convivencia, tras la decisión del Gobierno de prohibir desde hoy la actividad pública de una secta islámica que considera "desviada".

La orden, tildada de salomónica, se sitúa a medio camino entre las demandas de los grupos islámicos integristas, que exigían la ilegalización completa de Ahmadiyah, y las de los colectivos locales e internacionales a favor de la libertad religiosa.

El decreto insta a la secta, que considera a su fundador como el último profeta y no a Mahoma y que cuenta con 200.000 fieles en Indonesia, a "dejar de extender sus interpretaciones" y "detener sus actividades", ya que "se desvían de las enseñanzas mayoritarias del Islám", la religión de cerca del 90 por ciento de la población.

El fiscal general de Indonesia Hendarman Supanji aclaró que "no se trata de una disolución", dejando abierta la posibilidad de que los miembros de Ahmadiyah practiquen su religión en el ámbito privado.

No obstante, la medida no parece contentar a ninguna de las dos partes implicadas, según las primeras reacciones de los actores de esta fuerte polémica que ha llegado a degenerar en asaltos, quema de mezquitas y agresiones.

"Esta cuestión va a seguir generando mucha controversia", aseguró a Efe Kevin O'Rourke, analista político y editor de la revista indonesia "Reformasi Weekly Review", que pronosticó que el debate "sobre la frontera entre el ámbito público y el privado" se va a trasladar ahora a la vía judicial.

En este mismo sentido, Masdar Farid Ma'udi, uno de los presidentes de Nahdlatul Ulama (NU), la mayor organización musulmana del país con 40 millones de miembros, recalcó a Efe que la prohibición parcial "no es la mejor decisión".

Además, apuntó la posible inconstitucionalidad de la medida, ya que la Carta Magna indonesia "protege la libertad religiosa".

A pesar de su carácter conservador y su ortodoxia islámica, NU y la otra gran organización musulmana de Indonesia, Muhammadiyah, abogan por la democracia y la libertad de asociación, y no consideran adecuado este proceso.

Masdar Farid Ma'udi añadió que el Ejecutivo ha cedido ante "los extremistas", que llevan semanas protestando, y que "el auge del fundamentalismo" es "una amenaza para Indonesia".

No obstante, NU calificó como "desviada" en 2005 a Ahmadiyah, ya que la secta considera a su fundador, Mirza Ghulam Ahmad, como el "último profeta", un título que el Islám otorga en exclusiva a Mahoma.

Por su parte, O'Rourke destacó que el Gobierno ha cometido "un error de cálculo" al tener en cuenta los próximos comicios a la hora de tomar una decisión sobre Ahmadiyah, ya que la decisión puede perjudicar la imagen del presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Por el contrario, Irwan Omar, director del centro de estudios políticos iNusantara Networks, explicó que el movimiento le puede servir al presidente para "reforzar sus lazos" con uno de sus socios de Gobierno -un partido musulmán en ascenso- ante las próximas elecciones.

Además, mantuvo que la decisión "sienta un precedente" para futuras fracturas en la comunidad musulmana, tensiones "que pueden tener un impacto en la preeminencia del Islám moderado dentro de la democracia".

Debido a la intensa polémica y a sus consecuencias políticas, el Gobierno de Indonesia llevaba semanas postergando la decisión final sobre esta cuestión.

De hecho, un grupo de trabajo del gobierno recomendó el pasado abril su prohibición, pero desde entonces varios colectivos se habían posicionado claramente en contra, desde ONG internacionales como Human Right Watch a asesores personales del presidente.

En el otro extremo, los fundamentalistas islámicos de Indonesia llevaban semanas manifestándose a favor de la prohibición de la secta, empleando en algunas ocasiones la violencia.

El caso más grave fue el asalto protagonizado por miembros del Frente de Defensores del Islám (FPI) a un acto en favor de la tolerancia religiosa hace dos semanas en Yakarta y en el que resultaron heridas más de 30 personas.