El juez de Tudela que instruye el asesinato de dos guardias civiles, en junio de 2004, presuntamente a manos del Solitario, rechazó ayer su puesta en libertad. La defensa de Jaime Giménez Arbe, quien se encuentra en la prisión de Zuera (Zaragoza) acusado de la muerte de ambos agentes, solicitó su excarcelación. Entre otros motivos, arguye que no hay riesgo de fuga y que los indicios que incriminan a su cliente no son lo suficientemente sólidos.

En su auto, el juez desestima la petición de la defensa y reitera que "existen indicios suficientes" de que Jaime Jiménez Arbe "es el autor material de los delitos que se le imputan". El titular del Juzgado de instrucción número 3 de Tudela recuerda que hay pruebas que implican al Solitario, como la "posesión del mismo arma" con que se mató a los guardias civiles en Castejón (Navarra), en junio de 2004.

El magistrado también señala que el delincuente guardaba una munición idéntica a la que se empleó en el asesinato de ambos agentes. El procedimiento judicial recoge que hay "testigos directos que lo reconocen" en el lugar donde se produjo el crimen.

Por todos estos motivos, el juez rechaza los argumentos expuestos por la defensa del Solitario y va más allá. Considera que la posible condena que se le puede imponer (un mínimo de diez años de prisión por cada delito de homicidio, que puede ascender hasta los 20 años) "puede ser un claro indicador de riesgo de fuga".

Alarma social

El auto judicial enumera las razones por las que Giménez Arbe ingresó en prisión, y reitera la validez de las mismas. Según el magistrado, dichos motivos son la posibilidad de ser condenado a elevadas penas de prisión, "la voluntad del detenido por salir del país, la larga búsqueda que dio lugar finalmente a su detención y la posibilidad de reiteración delictiva" tanto en España como en Portugal, donde fue detenido en julio de 2007 tras haber protagonizado supuestamente más de 30 atracos a lo largo de 14 años.

La resolución concluye que la tramitación de la causa contra El Solitario es "previsiblemente rápida" ante las diligencias ya practicadas y subraya "la gravedad de la pena a imponer, el delito que se le imputa y la alarma social que producen este tipo de acciones delictivas".