Imputado por corrupción el líder del PP de Alacant

El presidente de la Diputació d'Alacant y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, permaneció detenido ayer durante 12 horas por el relevante papel que presuntamente ocupa en una trama decorrupción alrededor de la gestión de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja. Ripoll, uno de los hombres fuertes del PP valenciano, preside la institución que concedió al empresario Enrique Ortiz, mencionado en el sumario del caso Gürtel, la gestión de 390.000 toneladas anuales de desperdicios que iban a ser conducidos a un vertedero que cambió por sorpresa de ubicación.

El destino final de esa planta de residuos acabó siendo unos terrenos propiedad de Ángel Fenoll, conocido empresario de Orihuela que acumula tres condenas, una de ellas por comprar votos para un candidato local del PP amigo suyo. Fenoll, que como Ortiz fue arrestado ayer, es el nexo de toda la trama destapada por el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

La operación se cierra con 11 detenidos, entre ellos dos empresarios

Los investigadores creen que la reubicación del vertedero surge del acuerdo secreto entre los empresarios y Ripoll, que se habrían repartido una cantidad que aún está por determinar. En todo caso, la Unión Temporal de Empresas(UTE) adjudicataria, Cespa-Ortiz, obtiene beneficios millonarios: 9,5 millones de euros al año durante dos décadas. Pero en el caso de los residuos de la Vega Baja, el dinero circula en dos direcciones. Además, de los 190 millones que se iba a llevar en dos décadas el empresario Ortiz, la Administración ingresaba 0,6 euros por cada una de las 390.000 toneladas anuales (327.000 de residuos urbanos y el resto de la construcción) que se trataran en la planta y 1,2 euros por cada 1.000 kilos que fueran destruidos.

En el centro y origen de la investigación se sitúa Fenoll, el hombre al que la basura hizo millonario, como él mismo presume, y que retiene especies exóticas en su zoo particular de Orihuela. Había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción favores en concesiones vinculadas a los residuos de la zona, aportando grabaciones de políticos locales y otros empresarios. Pero el denunciante acabó como investigado y finalmente detenido el 30 de mayo de 2007, junto a otras cinco personas, entre ellas su hijo Antonio Ángel, también arrestado ayer. Pasaron un mes en prisión por cohecho y extorsión hasta que pagaron fianzas que sumaban los 260.000 euros. Aquellos fueron los primeros resultados de la operación Brugal, que fue creciendo hasta toparse con tres concejales del PP de Orihuela y el presidente de la diputación alicantina. Los tres ediles Ginés Sánchez Larrosa, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía, han sido responsables en algún momento del departamento de Servicios y Mantenimiento. De esa concejalía depende la recogida y gestión de las basuras de la localidad alicantina, adjudicada a otra UTE en octubre de 2008.

El eje de la trama es Ángel Fenoll, que compró votos para el PP en el pasado

Esta es la segunda línea de investigación. Todos los grupos de la oposición en Orihuela vienen denunciando desde entonces que detrás de la UTE se esconde también el rey de la basura, Ángel Fenoll, que concurrió sin éxito al concurso con una de las empresas que están a su nombre. Para terminar de complicar la madeja, una de las tres firmas que forman la UTE adjudicataria de las basuras de la ciudad de Orihuela es Sufi, empresa con contratos en localidades del noroeste de Madrid implicadas en el caso Gürtel y para la que hacía presuntamente de intermediario Francisco Correa.

Los agentes de la UDEF detuvieron ayer a los tres concejales en dependencias municipales para que presenciaran el registro y la incautación de un gran volumen de documentación. Tras prestar declaración ante la policía fueron puestos en libertad, al igual que Ripoll. En total hubo 11 detenidos que se reparten las acusaciones de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y encubrimiento, según informó la policía en un comunicado. A pesar de ello, la Diputació d'Alacant emitió una nota por la noche en la que aseguraba que sobre Ripoll no existía cargo alguno. El juez de Orihuela llamará a declarar a todos ellos entre el jueves y el viernes de esta semana y será entonces cuando dicte medidas cautelares, dependiendo de los casos.

El juez investiga el cambio de ubicación del vertedero de la Vega Baja

Los registros policiales se extendieron ayer a la empresa Ortiz e Hijos y al domicilio del empresario, donde los agentes encontraron 60.000 euros en metálico, según fuentes de la investigación. Las casas y empresas del resto de implicados también fueron sometidas a exhaustivos registros, al igual que la Diputació d'Alacant.

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, permaneció igualmente en el ayuntamiento, pero ayer no había orden de detenerla. Lorente, del PP, también participó en la concesión de la gestión de los residuos de la Vega Baja a Cespa-Ortiz como vicepresidenta segunda de la diputación, decisión que contó con el apoyo del PSOE.

La gestión de los residuos fue adjudicada por 190 millones

La trama de corrupción se ha esforzado en ignorar durante todo este tiempo las protestas de los vecinos de Torremendo, una pedanía de Orihuela donde se decidió construir el vertedero. Sólo las consideraron cuando convino mover su ubicación por oscuros intereses. El consorcio aprobó en diciembre de 2008 la construcción del vertedero en otra finca de la misma pedanía, conocida como La Pistola, donde había adquirido 600.000 metros cuadrados Fenoll a principios de 2007, dos meses antes de ser detenido. Así, el vertedero se construía en terreno de su propiedad, con lo que sacaba provecho de la operación a pesar de no haber obtenido la adjudicación. De la misma forma obtuvo presuntamente dinero público de la contrata de basuras de Orihuela, a pesar de que tampoco ganó el concurso.

Además del presidente de la diputación, los tres concejales de Orihuela y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y su hijo, ayer fueron detenidos un técnico de las oficinas de Sufi en Valencia, Ángel Luis Bracho, el gerente de una empresa de nombre Inusa, José Candel Martínez, y el empresario Rafael Gregory Fernández.