Casi todos los partidos que concurren a las elecciones europeas de este domingo 25 de mayo aseguran que está en juego el futuro de Europa, que es posible cambiar la actual Unión Europea (UE), esa que no se cansa de pedir 'sacrificios' a los ciudadanos, por otra más sensible a los verdaderos problemas de la gente. El reclamo resulta tan atractivo como poco creíble: en seis años de crisis, las reformas que reclama Bruselas junto al Banco Mundial y el FMI (los tres conforman la famosa y temida troika) sólo han cristalizado en forma de recortes por todos conocidos.

El mensaje de Bruselas se repite machaconamente desde hace años: bajada generalizada de salarios, reforma restricitiva de las pensiones, una nueva vuelta de tuerca a la dura reforma laboral que limite aún más los derechos de los trabajadores, una subida del IVA y una rebaja de los impuestos a las empresas y de las  cotizaciones sociales. Con esa receta, dicen en Bruselas y Washington, se creará empleo. Da igual que éste sea precario y mal pagado: lo importante es salir de la crisis y poco importa quién se quede atrás. 

Para ello, el único camino que Bruselas quiere transitar es del control del déficit público y del gasto. El Gobierno del PP, siempre fiel y obediente a los dictados de la troika, ha puesto hasta ahora más enfásis en la tijera. Pero en los últimos meses la UE se ha sacado de la manga otra exigencia a la vista de que sólo con recortes no se doma al déficit publico: una reforma fiscal que incremente los ingresos públicos y ayude a cuadrar las cuentas del Estado.

En ese sentido, Bruselas apuesta por no bajar el IRPF, subir el IVA y también los Impuestos Especiales (alcohol, tabaco, etcétera). Pero salvo en el caso de los Impuestos Especiales, en los que la UE tiene capacidad normativa para forzar una subida, el Gobierno español de entrada no contempla ningún aumento. Eso fue al menos lo que dijo Cristóbal Montoro el pasado 30 de abril, en una referencia tácita al IVA.

La recaudación fiscal se apoya cada vez más en las rentas del trabajo y menos en las rentas del capital, a pesar de que éstas han ganado peso en el reparto del PIB

Si Europa pone sus ojos en el sistema tributario español es porque España tiene un problema: sus bajos ingresos fiscales, que desde 2007 se han desplomado. Da igual lo que se recorte: mientras no crezcan los ingresos no se logrará la tan cacareada consolidación fiscal. Eso lo saben en Bruselas y en Madrid. Las cifras son cristalinas: hace seis años España ingresaba a través de los impuestos el 37,1% del PIB; en 2009 se quedó en el 30,7% y en esos niveles anda en 2013. En Europa la media roza el 40%. Así que, instado por la UE el Gobierno del PP se ha puesto a preparar una reforma fiscal con la que, asegura, incrementará la recaudación y logrará que el sistema fiscal sea más justo, progresivo y eficaz que el actual.

Muchos podrán pensar que el desplome de los ingresos se explica por el fuerte incremento del paro a partir de 2008 y la continua bajada de los salarios de los últimos seis años —han bajado una media del 10%—. Sin duda esos dos factores han contribuido a la reducción de los ingresos fiscales, pero hay otro no tan conocido y que revela hasta cierto la injusticia del sistema: los ingresos por impuestos directos caen más por la poca recaudación del Impuesto de Sociedades que por la del Impuesto de la Renta, a pesar de que España tiene uno de los impuestos de sociedades más altos de Europa con un tipo del 32%. Pero ese es el tipo nominal, el real está apenas en el 10%. En este apartado, Bruselas recomienda rebajar el tipo impositivo al entorno del 20%, pero recomienda asimismo que ese 20% sea un tipo real, que se cobre de verdad.

Sirvan de ejemplo, otra vez, los números: en 2007 el Estado recaudó 72.614 millones de euros en el Impuesto de la Renta mientras que en 2013 llegó a 69.951; el Impuesto de Sociedades recaudó 44.823 en 2007, mientras que seis años después se quedó en 19.945 millones. En 2007, el Estado recaudó 120.000 millones en imposición directa; en 2013 se quedó en 93.050: son 27.000 millones menos, más o menos lo que dejó de recaudar el Impuesto de Sociedades en ese período de tiempo. Y eso que las rentas del trabajo han caído notablemente: un informe publicado en abril de 2013 por UGT señalaba que desde 2008 el peso de los salarios en el PIB han bajado un 5,2% al tiempo que los beneficios de las empresas crecieron un 3,2%.

España es la quinta potencia económica de la UE de los 27, pero en recaudación por impuestos directos ocupa el undécimo lugar y en impuestos indirectos —IVA fundamentalmente— ocupa la 23ª posición

Así que ante este panorama, todo el mundo —troika, Gobierno, oposición, sindicatos, expertos y economistas— está de acuerdo en que España necesita una reforma fiscal profunda y ambiciosa que incremente sus ingresos y que de paso combata el fraude. Pero ahí acaba el consenso. El Ejecutivo de Rajoy apenas ha revelado sus planes: tan solo ha dejado translucir que quiere reducir de siete a cinco los tramos del IRPF y que prepara una bajada del impuesto de la renta.

La realidad, sin embargo, parece indicar que el camino a seguir debería ser otro. El actual sistema fiscal español recauda poco y mal, pero sobre todo es injusto: en general castiga a las rentas del trabajo en beneficio de las rentas de capital. De hecho, las rentas de trabajo superan el 80% de la recaudación del Impuesto de la Renta. Mientras, los más ricos apenas pagan el 27% de sus rentas.

Y es que en España se gravan más las rentas del trabajo que las rentas del capital. Como contaba en octubre de 2012, el catedrático de Economía Juan Torres López, colaborador habitual de Público, 'España tiene un mercado de trabajo muy precario que provoca un abusivo incremento de las rentas del capital. También está perdiendo impulso en las políticas sociales y redistributivas que mejoren esa desigualdad originaria. Ahí es donde habría que actuar'. Las estadísticas avalan ese diagnóstico: en 2013 las rentas salariales y empresariales se distribuían al 50% el PIB; hace cuatro años estaban en el 54% y 46%, respectivamente. Pese a ello, cada vez se gravan menos las rentas de capital.

A la UE no le interesa tanto una rebaja del IRPF —que por otra parte desaconseja— como una subida del IVA

Además, está el alto nivel de fraude fiscal. El sindicato de los subinspectores de Hacienda, Gestha, estima que el 70% del fraude fiscal en España proviene de las grandes empresas y del gran capital. Tirando por lo bajo, los expertos calculan que el fraude alcanza como poco el 20% del PIB%. Según el registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Colegio de Economistas de Madrid, si España lograra reducir el fraude fiscal y homologarlo con la media de la UE, recaudaría 15.000 millones de euros más al año. Cuántos recortes nos habríamos ahorrado.  

España pierde en la comparación fiscal con sus socios europeos. Según un informe fechado el pasado mes de abril del REAF, España es uno de los países europeos donde más han caído los ingresos tributarios desde que se desencadenó la crisis. Además, apunta el REAF, 'en impuestos directos e indirectos (IVA), la evolución de España respecto a la UE es divergente'. Y es verdad: España es la quinta potencia económica de la UE de los 27, pero en recaudación por impuestos directos ocupa el undécimo lugar y en impuestos indirectos —IVA fundamentalmente— ocupa la 23ª posición. 

No es de extrañar, pues, que a la UE no le preocupe tanto una rebaja del IRPF —que por otra parte desaconseja dado que el Ejecutivo aún no ha logrado controlar el déficit— como una subida del IVA que reclama con insistencia desde hace tiempo. El IVA tiene una importancia cada vez mayor en los países de la UE en las políticas de imposición fiscal. En Bruselas piensan que a España aún le queda margen para subirlo, a pesar de que en los últimos cuatro años el tipo pasado del 16% al 21%. Ahí está la gran batalla. Bruselas va a presionar por todos los flancos posibles. Ahora le toca decidir al Gobierno del PP.