Este artículo se publicó hace 13 años.
Hosteleros estudian demandar al Estado por las obras para cumplir con la anterior Ley Antitabaco
Podrían pedir hasta 100.000 euros por responsabilidad patrimonial, al gestionar un cambio legislativo que les obligó a invertir en unas reformas que no amortizaron
En la hostelería no ha sentado nada bien la aplicación de la Ley Antitabaco. Tras denunciar que hay gente que aprovecha el pitillo para irse sin pagar o el adiós a las sobremesas (postre y café incluidos), un grupo de grandes empresarios del sector está estudiando demandar al Estado para que les indemnice por las obras realizadas en 2006 para cumplir con la anterior normativa.
Ésta les obligaba a separar espacios para fumadores y no fumadores, según confirmaron los asesores legales del despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Los hosteleros demandantes —entre ellos, Grupo Hotusa y Grupo Arturo— tienen previsto reclamar hasta 100.000 euros al Estado por su responsabilidad patrimonial, al gestionar un cambio legislativo que les obligó a invertir en unas reformas que no se han amortizado.
El abogado asesor de los hosteleros Diego Solana explicó que el Gobierno "debería haber incluido en la nueva Ley antitabaco las indemnizaciones para los establecimientos que acometieron reformas en 2006 y no cambiar las reglas del juego a mitad del partido". La demanda se basará en la aplicación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo que contempla las reclamaciones al Estado derivadas de cambios legislativos y estudia su responsabilidad por los actos administrativos de cambio de normas de rango general.
Sin posibilidad de amortizar la inversión"La posibilidad de reclamar se abre desde el momento en el que el empresario ha tomado una decisión amparada por la Ley que luego no ha podido amortizar por otro cambio legislativo", apuntó Solana, que estudia la demanda junto con el letrado Miguel Angel Serrano. De esta forma, la demanda se presentará en primer lugar ante la Administración General del Estado, que cuenta con un plazo de seis meses para contestar. Solana señaló que el proceso acabará en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ya que se prevé que la Administración conteste con una negativa o no dé respuesta alguna, lo que se considera como silencio administrativo.
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