Un hombre que mató a su mujer cobra por viudedad

Llorenç Morell apuñaló a su mujer el 22 de julio de 2005, interpretó el papel de viudo desolado durante tres meses y medio –hasta que finalmente confesó el crimen por el que ya ha sido condenado– y está cobrando una pensión de viudedad desde el día siguiente al asesinato.

Un “error administrativo”, como confirmó el abogado de la acusación particular, Carles Monguilod, ha permitido que el Ministerio de Trabajo ingrese desde 2005 592,92 euros mensuales más dos pagas extraordinarias a un asesino que está cumpliendo 18 años de condena por haber matado violentamente y abandonado en un camino del municipio de Sils (Girona) a su mujer.

El descubrimiento ha sido posible a raíz de una investigación abierta por la Audiencia de Girona en el intento de que los hermanos de la víctima, Consuelo Garcelan, cobren, seis años después, la indemnización de 85.000 euros que les corresponde. “Al intentar averiguar el patrimonio de Morell, nos han comunicado que está cobrando una pensión de viudedad”, explicó Monguilod, el abogado representante de los familiares de la víctima, informa Europa Press.

“Es de sentido común que la persona que ha matado a su mujer no cobre una pensión vitalicia por ello”, insistía ayer Monguilod. Se da la paradoja de que el Ministerio de Trabajo es el mismo organismo que está ingresando mensualmente casi 600 euros al asesino y el que solicitó 20 años de condena para el mismo –mediante el abogado del Estado– en el juicio, ya que en 2006, cuando el área de mujer dependía de este ministerio, se personó como acusación a través de la Delegación especial contra la violencia de Género.

Los menos de 600 euros mensuales son la cifra exacta para que la Seguridad Social no pueda embargar a Morell por impago tanto a la familia como a la propia administración.

A pesar de los más de 40.000 euros que ha ingresado en los últimos seis años, Morell ni ha pagado a la familia de la víctima ni se ha hecho cargo de las costas del juicio (21.475 euros). Como confirmó Monguilod, el condenado está en una situación “inembargable”, ya que la cantidad que percibe se considera que es la “mínima para la supervivencia”.