Haidar, la primera víctima del recorte de la justicia universal

Lo que muchos se temían tras la rebaja de la jurisdicción universal aprobada el pasado 15 de octubre por el Parlamento ocurrió ayer. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de delitos de lesa humanidad en la actuación de Marruecos con la activista saharaui Aminatou Haidar, que está en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre; protesta iniciada en el aeropuerto de Lanzarote.

Pese a ver esas evidencias, el magistrado no puede investigarlas. Se lo impide "la reciente reforma operada" en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala Velasco en la resolución en la que devuelve la denuncia de Haidar a los Juzgados de Arrecife (Lanzarote).

La nueva ley sólo permite actuar si hay víctimas o acusados españoles

Según el juez de la Audiencia Nacional, la reforma de la jurisdicción universal, que se introdujo de tapadillo en la modificación legislativa necesaria para poner en marcha la oficina judicial, deja a "la Justicia española en su vertiente internacional" sin la "posibilidad de entrar" en la averiguación de los delitos que hayan podido cometer las autoridades marroquíes.

Y eso que en el relato de hechos que Haidar hizo en la denuncia que presentó el pasado 15 de noviembre, el juez ve indicios de varios delitos: denegar a una persona una prestación a la que tenga derecho por razones ideológicas, religiosas o étnicas; obstaculizar la asistencia de un abogado; prevaricación y secuestro.

El juez explica que la reforma "acaba de decidir" que los delitos de lesa humanidad "sólo serían perseguibles" por los tribunales españoles si sus presuntos responsables son españoles o se encuentran en España, si hay víctimas de esta nacionalidad o si existe algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

El magistrado describe cuatro delitos que pudo cometer Marruecos

En el caso de Haidar, los denunciados son policías marroquíes (el jefe provincial de Policía, el jefe de Policía judicial, un oficial de la DST la policía secreta marroquí, otro del Departamento de Asuntos Generales...); la denunciante tampoco es española; y no hay vínculo de conexión relevante con España, "en lo que se refiere a meras consideraciones de carácter jurídico-penal", precisa el auto.

Como no concurren las circunstancias necesarias para que la Audiencia Nacional pueda declararse competente para investigar lo sucedido, el juez Velasco devuelve la denuncia al Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife para que se ocupe de los delitos que pudieron cometerse en suelo español.

Haidar explicaba en su denuncia, además del periplo al que fue sometida por las autoridades marroquíes para obligarla a venir a España, que la Guardia Civil trató dedesalojarla del aeropuerto por la fuerza, aunque "procedieron más pacíficamente" cuando les informó de que había sufrido una operación en la columna.

El criterio del magistrado ha sido el mismo que el mantenido por la Fiscalía de la Audiencia. En un escueto informe, el fiscal Pedro Martínez Torrijos había informado en contra de la asunción de la competencia por parte del Juzgado Central de Instrucción número 6.

El representante del Ministerio Público dividía la denuncia según lo ocurrido en el aeropuerto de El Alauin (Sáhara Occidental) y en Lanzarote. Lo primero sólo es achacable a personas "de nacionalidad extranjera". Según el fiscal, esos hechos quedaban "fuera de los criterios de conexión contemplados en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de la competencia de la Audiencia Nacional".

En su denuncia, Aminatou Haidar contaba que la tuvieron retenida y sometida a interrogatorios durante dos días hasta que "de forma jocosa" le empezaron a decir que iba a ser conducida a territorio español.

Según Haidar, los agentes le hicieron comentarios del tipo: "Dónde vas a vivir más relajada y tranquila sino en España, y desde allí puedes defender sin problemas tus planteamientos separatistas". La condujeron a un avión con destino a Lanzarote, pese a que en la isla no tenía amigos ni familia, y retuvieron su documentación en un Juzgado marroquí.

El fiscal Martínez Torrijos también proponía que los delitos que se hubieran cometido en España fueran investigados por el Juzgado de Arrecife al que correspondió en un principio la denuncia presentada por Haidar en el aeropuerto de Lanzarote.