Guatemala reactivó hoy la pena de muerte al resolver un vacío legal que tenía en suspenso la aplicación de esta condena desde el 2002, con lo que se suma a Estados Unidos y Cuba, los únicos países de América que aún imponen este castigo.

En el mundo 69 países, en su mayoría asiáticos y de Oriente Medio, aplican la pena capital para los delitos comunes.

El Parlamento guatemalteco aprobó hoy una ley que restituye al jefe de Estado la potestad de conceder o no el "recurso de gracia" a los condenados a muerte, lo que pone fin al vacío jurídico planteado en 2002 por el entonces presidente Alfonso Portillo.

En ese año la Corte de Constitucionalidad decidió, a solicitud de Portillo, dejar en suspenso la aplicación de la pena máxima al considerarla inconstitucional, ya que la ley no precisaba cuál autoridad debía conocer los recursos de gracia.

En ese fallo, la Corte ordenó al Parlamento enmendar la ley y precisar cuál autoridad debía tener la última palabra al respecto, algo que hizo hasta ahora por iniciativa del opositor Partido Patriota (PP, de derecha).

Con la entrada en vigencia de la ley aprobada hoy, el presidente Álvaro Colom, quien durante la campaña electoral se declaró abolicionista de la pena capital, tendrá que decidir el futuro de los 34 reos que permanecen en el corredor de la muerte.

Hasta ahora las últimas penas de muerte aplicadas en Guatemala fueron las de Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en junio de 2000, por el asesinato y secuestro de una empresaria.

En América, aunque muchos países contemplan la pena de muerte en su legislación, ésta no se aplica desde hace años o décadas.

Estados Unidos es el país del continente que sobresale por la aplicación de este castigo, restablecido por el Supremo en 1976, fecha desde la cual se han llevado a cabo 1.099 ejecuciones.

Sin embargo, en diciembre pasado Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de EE.UU. en abolir la pena de muerte, y hace apenas cuatro días la ejecución en la silla eléctrica quedó desterrada, después de que dicho método fuera declarado anticonstitucional en Nebraska, el único estado que usaba dicho artefacto.

La ejecución más reciente en Estados Unidos fue el 25 de septiembre de 2007, cuando Michael Richard, de 49 años, recibió en Texas la inyección letal.

Actualmente hay más de 40 condenados a muerte en EE.UU. a la espera de que se resuelva una moratoria de facto instaurada el año pasado para determinar si la ejecución mediante inyección letal es un "castigo cruel e inusitado" que viola las garantías constitucionales.

El 18 de diciembre de 2007, el plenario de la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte.

La resolución expresó la preocupación por la continuada aplicación de la pena capital e instó a los países que la mantienen en sus códigos penales a que "establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolirla".

Un informe de Amnistía Internacional (AI) de octubre pasado señaló que al menos 1.591 personas fueron ejecutadas y 3.861 condenadas a muerte en 2006 en el mundo.

Además de EE.UU., Cuba y Guatemala, los países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes en América, según AI, son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., prohíbe en su Constitución la pena capital, pero los casos juzgados por el Tribunal Federal en la isla son susceptibles de que se aplique, aunque para las ejecuciones los reos son trasladados a prisiones de Estados Unidos.

Cuba aplicó por última vez la pena de muerte el 11 de abril de 2003, cuando fueron ejecutados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.

Desde entonces, la isla mantiene una "moratoria" de facto en la aplicación de la pena máxima.

Por otro lado están las naciones que establecen la pena de muerte únicamente para delitos previstos en el código penal militar o los cometidos en tiempos de guerra.

En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.

En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997.

La Constitución peruana, aprobada en 1993 tras el auto-golpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, aunque dicha sanción no se ha aplicado en las últimas décadas.