La Guardia Civil descubre otro "pelotazo" en Llavaneres que lucró a la trama

Una nueva investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del "caso Pretoria", destapada en 2009, cobró también presuntas comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una antigua masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, el informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para unirse a la trama del "caso Pretoria", implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García.

El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la Fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la antigua masía modernista "La Bodega" de Sant Andreu, con el que la empresa Cortijosa habría conseguido pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el consistorio.

El recorrido de la denuncia de "La Bodega" es largo: en 2007 fue interpuesta ante la Fiscalía, que la archivó al no apreciar indicios de delito, pero SOS Llavaneres volvió a presentarla en noviembre de 2009 al descubrirse que una de las grandes operaciones fraudulentas del "caso Pretoria" derivaba de una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres, cuyo ex alcalde Víctor Ros (PP) está imputado en la trama.

La Fiscalía de Cataluña envió entonces a su homóloga de Madrid la denuncia de "La Bodega", pero ésta se la devolvió al no encontrar vínculos con la red de Pretoria, y la investigación del caso recayó en la Guardia Civil de Barcelona por encargo del ministerio público.

La operación urbanística que la Guardia Civil ha vinculado ahora a la trama de Pretoria parte de la compra de la finca que ocupa la antigua masía modernista "La Bodega" de Sant Andreu de Llavaneres, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y, un año después, vendió a Cortijosa por 3,6 millones.

Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria, y con la que el presunto cerebro de la trama consiguió embolsarse millones de euros.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición de PP y PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al consistorio a aprobar una reordenación territorial.

Gracias a esa permuta, Cortijosa habría conseguido unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.

El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compra-venta de la masía modernista ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta.

El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y que entre 1996 y 2004 fue jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.

Genís Carbó, que dimitió como coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) en noviembre de 2009 a raíz de su implicación en el "caso Pretoria", fue imputado en la trama por el juez Baltasar Garzón por haber cobrado supuestamente una comisión de 244.011 euros por su intervención en la "operación Niesma", una de las más importantes de la causa judicial.